La rebaja por parte de Standard & Poor's en dos escalones de la calificación crediticia de la deuda pública española, hasta dejarla al borde del bono basura, debería servir de muy seria advertencia al Gobierno en relación con la política económica. La agencia de rating, por supuesto, critica a la Unión Europea por sus contradicciones en relación a si el fondo europeo de rescate puede prestar directamente a los bancos, tal y como acordó el Consejo Europeo el pasado mes de junio, o no puede. Pero también deja bien claro que la mayor parte de las incertidumbres en torno a la economía española son propias y se centran en dos aspectos: las informaciones contradictorias del Ejecutivo de Rajoy sobre si quiere pedir o no un segundo rescate y las tensiones crecientes entre el Gobierno y las autonomías, que provocan que los efectos de las políticas económicas y fiscales se diluyan. Ese es el quid de la cuestión.
España, en estos momentos, tiene la suerte de pertenecer a la Zona Euro, porque mientras que a otros países, como Japón o Noruega, que en el pasado sufrieron burbujas inmobiliarias les costó mucho superar la crisis, debido a problemas y limitaciones para recapitalizar sus bancos, nuestro país se beneficia de la existencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que va a facilitar los recursos necesarios para recapitalizar a nuestras entidades crediticias, lo que resulta del todo punto fundamental para que el crédito empiece a circular y la economía comience a recuperarse. Ahora bien, si el déficit público no se reduce, bien porque las autonomías sigan campando tranquilamente por sus respetos, bien porque España tenga que seguir financiándose a tipos de interés prohibitivos, todo lo positivo que tiene el saneamiento del sector bancario va a quedar en nada, puesto que el crédito no va a circular debido a que las entidades crediticias se van a dedicar a comprar deuda pública, no a financiar la economía, con lo cual la crisis será más larga y profunda y los riesgos presupuestarios, mayores. Algo parecido sucede con las medidas que ha tomado el Gobierno, que su impacto no se nota porque los ahorros se los come el peso creciente de la partida de intereses de la deuda, como consecuencia de las necesidades financieras del sector público y de que éstas se cubren a tipos de interés cada vez más altos. En consecuencia, no avanzamos en la solución del problema, y como cada vez debemos más dinero, pues S&P coloca nuestra deuda al borde del bono basura. Cualquier día Moody's o Fitch hacen lo mismo, y entonces sí que podremos vernos obligados a pedir el rescate, con las condiciones que la UE nos quiera poner; o quebramos, con lo que ello supondría de catástrofe económica y social.
Dado que este es el futuro previsible para nuestra economía, lo mejor sería pedir el rescate ya, con el fin de frenar el crecimiento explosivo de la deuda pública. Por este mismo motivo, el Gobierno debería meter mano ya, y de una vez por todas, a las autonomías. No hay otra salida.