Monti baja los impuestos y propone recentralizar el Estado

El Gobierno italiano aprobó los Presupuestos del Estado para 2013, con un ajuste de 11.600 millones de euros repartido en los tres próximos años, una bajada de impuestos para las rentas más bajas y el aumento de un punto del IVA.

Tras ocho horas de reunión, a las tres de la madrugada, el presidente del Gobierno italiano, Mario Monti compareció en rueda de prensa para mostrar los resultados de la llamada "Ley de Estabilidad" aprobada en el maratoniano Consejo de Ministros y que contiene los ajustes para cuadrar los presupuestos.

Los principales puntos de esta ley es que la reducción de los impuestos para las rentas más bajas será a partir de enero de 2013. Aquellos que ganen hasta 15.000 euros anuales se les detraerá el 22% respecto al 23 actual, mientras que los que declaren entre 15.000 y 28.000 euros la alícuota del IRPF bajará al 26% respecto al 27% de ahora.

Lo que no ha podido el Gobierno es eludir la subida del IVA, aunque destacaron cómo se ha conseguido evitar que subiese dos puntos en junio de 2013 como estaba previsto. El IVA subirá así solo un punto en junio de 2013 por lo que pasará al 11% en su tipo reducido y al 22% en el general. El resto de los fondos para cubrir el ajuste se recogerán de la llamada spending review, es decir de la reorganización del gasto público que permitirá ahorrar en total unos 3.500 millones.

Pero también se prevén duros recortes al sector público, comenzando por la sanidad donde descenderá el gasto para la adquisición de dispositivos médicos y el coste de los contratos públicos. Asimismo se congelará el contrato de los funcionarios públicos hasta 2014. Los presupuestos del próximo año incluyen una mayor eficiencia en el uso del alumbrado público, con el apagado durante algunas horas de la noche.

Las cuentas públicas también cuentan con los ingresos que se recogerán de la llamada "Tasa Tobin", el impuesto a las transacciones financieras acordada por 11 países de la Unión Europea.

El Ejecutivo abordó además hoy un proyecto de ley de reforma del título V de la Constitución italiana con la que el Estado se hace con la competencia exclusiva de materias que hasta ahora podían quedar en manos de las regiones, como la gestión de aeropuertos de interés nacional e internacional, la ordenación de las comunicaciones y la distribución de la energía.