Los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos del Plan E en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo. Es más, las empresas incumplieron en un 11% de los casos la obligación que tenían de contratar desempleados. Éstas son sólo dos de las principales conclusiones incluidas en el Informe de fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las Inversiones financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local publicado por el Tribunal de Cuentas (TC).
En realidad, bajo este larguísimo nombre lo que se encuentra es el estudio que el organismo fiscalizador ha realizado sobre los resultados de las inversiones realizadas por el Plan E puesto en marcha en el último trimestre de 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las conclusiones extraídas por el Tribunal de Cuentas se basan en el análisis de una muestra efectuada a 700 entidades locales y 1.270 proyectos, de los más de 30.000 que se aprobaron en su momento. Hay que recordar que este fondo tenía una dotación de 8.000 millones de euros destinados a la realización de obras de competencias municipal de nueva planificación a fin de crear y mantener puestos de trabajo. Según recuerda el informe del Tribunal, se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo de 5 millones de euros. La cantidad final destinada a este fin ascendió a 7.836,16 millones de euros.
Los incumplimientos
El documento del Tribunal de Cuentas es todo un catálogo de incumplimientos. Ni se respetan los plazos legales, ni se cumple con los objetivos del Plan E, ni los ayuntamientos se ciñen a los presupuestos previstos. De hecho, un porcentaje significativo de municipios ni siquiera ha entregado la documentación requerida.
De esta manera, el Tribunal asegura que la mayoría de los procedimientos de selección de proyectos no se establecieron por escrito, lo que constituyó una "debilidad de control interno". Asimismo, afirma que el "criterio de contratación de trabajadores no fue utilizado por las entidades locales como elemento decisorio para la selección de proyectos", añade el texto.
Además, hace hincapié en que la mayoría de ayuntamientos las actuaciones de control se centraron en el cumplimiento de plazos y trámites, en tanto que el 66% no realizaron ninguna en lo que se refiere al seguimiento de creación de empleo, que en teoría era el principal objetivo.
En otro apartado, el TC desvela que las entidades destinaron financiación de este mecanismo a ejecutar proyectos, previstos con anterioridad pero que no se habían llevado a cabo por falta de recursos. Estos supuso que el FEIL financió inversiones que no se podían considerar de nueva planificación.
En el análisis de contratación, se incluye que en el 17% de proyectos no se cumplió con la obligación de supervisar el proyecto y en el 33% se incumplió con la de levantar el acto de replanteo de la obra.
El 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades y el 12% de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la contratación de parados, algo teóricamente incompatible con los objetivos iniciales del Plan E. Las empresas adjudicatarias "incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el 11% de los contratos suscritos", por lo que "el número de desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206". Un 67% de los empleados para estas obras que formaban parte de la empresa seguían en ella en el segundo semestre de 2011 y únicamente el 4% de los contratados específicamente continúan.
También se vulneró el requisito de ejecución inmediata (44% de contratos), al iniciarse con un retraso medio de 59 días. Todo esto sucedió, añade el informe, a pesar de que los ayuntamientos contaban con la financiación, pues el 70 % de los fondos se recibía al mes de la adjudicación. Sobre la puesta en funcionamiento de las inversiones, se destacan las "grandes demoras" desde su finalización, con un periodo medio de 134 días para su puesta en marcha.