Si el Banco de España dice que ve riesgos de desviación del nuevo objetivo de déficit público para este año, que ahora es del 6,3%, y que podrían ser necesarios ajustes adicionales para poder cumplirlo, es que, probablemente, las cosas van a suceder así.
¿De quién es la culpa? En descargo del Gobierno diremos que, en parte, es de la situación heredada, que los populares todavía no terminan de conocer del todo. Baste recordar que el Ejecutivo ha tenido que proceder a una nueva revisión del saldo presupuestario de 2011 para incrementar los números rojos hasta el 9,4% del PIB, desde el 6% que anunció el Gobierno de Zapatero. También hay que decir que parte de la desviación obedece a que el comportamiento de la economía internacional, que ha arrastrado consigo a la española, ha sido mucho peor de lo previsto inicialmente, porque los temores que a finales del año pasado apuntaban a una nueva caída se han materializado. Todo eso es verdad. Pero lo que también es cierto es que Rajoy podía haber hecho más, y mejor.
No cabe duda de que, con el estado tan calamitoso en que se encontraban las cuentas públicas cuando el PP volvió al poder, era urgente tomar medidas que permitieran empezar a cerrar cuanto antes la brecha presupuestaria y, sobre todo, que aportaran algún ingreso a las arcas del Estado, que ZP había dejado vacías, al punto de que incluso obligó a las grandes empresas a adelantar el pago del Impuesto de Sociedades, lo que creó más problemas aún al Gobierno entrante. Pero, siendo cierto esto, lo suyo hubiera sido subir el IVA. En cambio, se optó por subir el IRPF, con lo que se deprimió todavía más el consumo y, con él, la propia economía.
Lo peor de todo, sin embargo, ha sido la falta de conciencia que ha manifestado en todo momento la clase política acerca de la necesidad de acometer drásticas medidas de recorte del gasto público. Los líderes autonómicos, ya lo hemos visto, se resisten a la poda y siguen pensando que cuando se arreglen las cosas podrán seguir como antes de la crisis; no quieren entender que se ha producido un cambio que impide que las cosas sean como antes en materia presupuestaria. El Gobierno central, por su parte, no ha sabido imponerse ni marcar una estrategia clara para que las autonomías apliquen una poda drástica a sus gastos y así poder acabar con el desequilibrio fiscal. El resultado es que, al final, ha habido que emitir mucha más deuda pública de lo previsto, y como todo ello ha provocado la desconfianza de los mercados en la economía española, esa deuda, además, se ha colocado a tipos de interés muy superiores. Y como los intereses de la deuda son gasto público y esta partida ha crecido mucho más de lo previsto, pues ahí tenemos también desviación del déficit.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que para salir de esta dinámica perniciosa no basta con un ajuste por aquí y un retoque por allá al gasto público. Aquí lo primero que se necesita es acabar cuanto antes con esta dinámica de la deuda pública, porque los esfuerzos de ajuste se los está comiendo precisamente el rápido crecimiento del servicio de la misma. Dicho de otra forma: el sector público no puede seguir endeudándose a este ritmo, porque los propios intereses de la deuda están provocando el crecimiento explosivo del déficit y acercando peligrosamente España a la situación de insolvencia. Y puesto que la partida de intereses no se puede reducir por decreto, lo que tiene que ir pensando el Gobierno es de qué forma mete mano a las autonomías, para que recorten sus gastos de forma drástica.
La ausencia de un plan al respecto, que implique una reforma en profundidad del modelo de Estado, no hace más que poner en cuestión la solvencia de nuestro país en forma de presiones alcistas de la prima de riesgo.