A pesar de los mensajes insistentes del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo no son el paradigma de la austeridad que necesitamos imperiosamente. Como hemos demostrado en Libertad Digital, el Gobierno gastará el año próximo tan sólo un 0,7% menos que en el presente ejercicio, más allá de acotaciones tramposas en función de criterios selectivos que incluyen o excluyen partidas para obtener el resultado requerido.
El gasto efectivo del que dispondrán los ministerios desciende en 40.000 millones, tal y como explicó el titular de Hacienda en la presentación de los Presupuestos, pero el conjunto de los órganos dependientes de la Administración central gastará un 5,6% más, pasando de los 160.842 millones actuales a 169.775.
Es cierto, como aduce el Gobierno en su defensa, que el gasto inherente a la deuda pública contraída por el Ejecutivo anterior actúa como una losa presupuestaria en detrimento de otras partidas. Los vencimientos de la deuda soberana y el pago de intereses consumirán nada menos que 40.000 millones de euros en 2013, cuyo pago puntual habrá que atender como primera providencia para mantener a flote las finanzas públicas y evitar la suspensión de pagos. Esos son los 40.000 millones de euros que el Gobierno dejará de gastar a través de sus ministerios como fórmula compensatoria, pero en una situación tan grave como la actual el esfuerzo de austeridad debería ser muy superior, a fin de aliviar la presión fiscal que afrontan los factores productivos, principal lastre para la creación de empleo, crucial para emprender la recuperación económica.
En lugar de ejecutar una reducción efectiva del gasto público, el Gobierno ha preferido aumentar la carga fiscal de empresas y familias para mantener la maquinaria estatal prácticamente intacta, como demuestran las cifras desprovistas de maquillaje contable. Para desgracia del contribuyente, no es éste el único problema al que tendrá que hacer frente con su esfuerzo impositivo a lo largo del próximo año. Ahí están las comunidades autónomas, diecisiete miniestados cuya incapacidad para moderar su voracidad presupuestaria está más que acreditada, a las que el Gobierno va a inyectar 18.000 millones extra de liquidez sin ninguna garantía de que los presupuestos que elaboren para el próximo ejercicio sean sustancialmente distintos a los que esta semana ha presentado el Gobierno de España.
Como estrambote lamentable que ahuyenta cualquier esperanza de que el trámite parlamentario sirva para aliviar la carga del contribuyente, ahí está el principal partido de la oposición, al que hasta estos inexistentes recortes le parecen excesivos y que, por tanto, utilizará su presencia en la Cámara junto a sus aliados para exigir al Gobierno una expansión mayor del gasto de la que ya contemplan las cuentas públicas para el año próximo. Un año en el que los españoles tendremos que hacer frente a las consecuencias del rescate soberano, que la irresponsabilidad de Gobierno y oposición convertirán en inevitable.