Emilio J. González
A primera vista, el presupuesto para 2013 que acaba de presentar el Gobierno parece más sensato y creíble que el que elaboró en marzo para este año, lo cual ya es un avance, todo sea dicho. Sin embargo, no se corresponde con la naturaleza y gravedad de la crisis económica y fiscal que estamos sufriendo, y de la que nos va a costar muchos esfuerzos y mucho tiempo salir.
Si estamos en plena recesión, lo primero que no puede hacer el Gobierno es volver a subir las pensiones en función de la evolución de la inflación; porque, cuando nuestra urgencia es reducir el déficit público lo antes posible, no podemos cargar las cuentas públicas con un incremento de entre el 2 y el 3% en la principal partida de gasto. Es duro decirlo, pero estos no son tiempos para andarse con populismos caros ni con medidas electorales, sino para que nos apretemos todos el cinturón, incluidos los jubilados.
¿Qué es, entonces, lo que se tendría que haber hecho? Pues congelar las pensiones, porque un sistema que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas que los emplean no puede permitirse el lujo de seguir incrementando la cuantía de esta prestación cuando el paro se acerca a los seis millones y las bases de cotización se reducen como consecuencia de los recortes salariales, con lo que hay menos dinero para pagar pensiones. Además, hay que tener en cuenta que, con las políticas de reducción de precios que están aplicando las empresas para poder sobrevivir, la cesta de la compra de los pensionistas se está abaratando, excepto por el capítulo de la energía. En consecuencia, no hay más razón para subir las pensiones que los deseos del Ejecutivo de hacer populismo y electoralismo con este tema.
Segunda cuestión. No creo que la estrategia más adecuada para reducir el déficit sea recortar los presupuestos de los ministerios porque sí, para que apliquen un poco de reducción del gasto por allí y otro poco por allá, porque enseguida vamos a volver a las andadas. Aquí lo que hay que hacer es establecer prioridades, como las familias que se tienen que ajustar a la crisis, y decidir en qué se puede y se debe gastar y de qué se puede prescindir. Dicho de otra forma: de lo que se trata es de suprimir políticas completas que hoy no nos podemos permitir para poder seguir financiando aquellas que de verdad son necesarias. Por ejemplo, si hay que reducir el déficit, ¿por qué se aprueba una nueva ayuda para la adquisición de vehículos? ¿Por qué se mantienen las ayudas al cine? ¿Por qué no se cierran muchos entes y organismos públicos que no se necesitan para nada? Así es como se recorta de verdad el déficit. Además, el proyecto de presupuestos para 2013 debería venir acompañado de un verdadero plan de racionalización del personal al servicio de las administraciones públicas, de todas ellas, a fin de eliminar de una vez todos los puestos de trabajo que sobren, teniendo en cuenta que no es lo mismo hablar de administrativos que de policías, médicos o enfermeras. Eso tampoco se hace en este presupuesto.
Por último, y en línea con el punto anterior, está la cuestión de las autonomías. A estas alturas de la crisis, y viendo lo que están haciendo, lo que ya no sirve es decir que se van a recortar las transferencias a las administraciones territoriales. Aquí lo que hay que hacer es intervenirlas todas y volver a redefinir el modelo de Estado. Si las autonomías se resisten a tomar las medidas necesarias para acabar con sus excesos, como cerrar universidades y televisiones públicas, tendrá que hacerlo el Gobierno central.
Lo que hay que entender, de una vez por todas, es que no estamos ante una crisis coyuntural, sino ante una crisis de modelo institucional. De la misma forma que hay que comprender que vamos a tardar muchos años en superar esta situación si no se empieza por reducir drásticamente el gasto público, es decir, el tamaño del sector público, para que se pueda empezar a bajar impuestos lo antes posible, con el fin de estimular la actividad empresarial. Solo cuando se abra espacio de verdad a la iniciativa privada podremos resolver los graves problemas socioeconómicos que nos aquejan. O acabamos con un modelo de Estado que derrocha a raudales, o el sector público acaba con este país.