La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Carmen Crespo, dijo ayer en el programa Protagonistas Sevilla de ABC Punto Radio que el Ejecutivo "va a poner a Andalucía las mismas condiciones que a las demás comunidades autónomas" para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Una de estas cláusulas será "el adelgazamiento de la Administración autonómica", dijo en clara referencia a las empresas, fundaciones y entidades que componen la llamada "administración paralela" de la Junta.
Como es sabido, la Junta ha preservado de la crisis y de los despidos a cerca de 25.000 personas, la inmensa mayoría colocados a dedo en las empresas y entes públicos andaluces, ahora asimilados a los empleados públicos, haciendo recaer todo el peso de la crisis y sus correspondientes ajustes de empleo sobre profesores, sanitarios y otros muchos trabajadores andaluces.
Téngase en cuenta que los cálculos más modestos fijan el coste presupuestario de la administración paralela incrustada en la Junta de Andalucía en unos 3.000 millones aunque otros cálculos más complejos insisten en la cifra de al menos 5.000 millones, una cifra similar al rescate solicitado por la Junta de Andalucía.
El PP ha defendido siempre que los recortes se hicieran en otras partes. En rueda de prensa del pasado mes de agosto, el diputado almeriense Rafael Hernando defendió que "en Andalucía hay muchos sitios para recortar sin tener que cerrar hospitales y escuelas" y animó a la Junta por "empezar a reducir esa administración paralela elefantiásica" que "al final se ha convertido en un foco de corrupción" .
Aunque la Junta de Andalucía aún no ha pedido formalmente los 4.906 millones de euros que solicitará al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), su vicepresidente, Diego Valderas (líder de IU-CA), no ha mencionado ni por un momento el ajuste de la administración paralela que incluye personas afines a PSOE, IU y los sindicatos habituales, UGT y CC.OO.
Por el contrario, dijo que esos millones se destinarían a los Ayuntamientos, a Dependencia y a pagar a farmacias, justicia gratuita, compromisos de obras y préstamos.
Valderas cree que el rescate estatal no debe tener contrapartidas de carácter político ni conllevar más recortes. En la misma idea insistió ayer la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz e incluso, dando muestras de una gran capacidad de consigna política, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, que afirmaba que los socialistas van a estar "muy vigilantes" para que no aparezca "ninguna condicionalidad política de última hora" por parte del Gobierno de la Nación para las comunidades que decidan acogerse al FLA.