Ya en el siglo XVI recordó el padre Mariana que los tributos no pueden establecerse sin el consentimiento de los ciudadanos. Poco atiende el ministro de Hacienda –Montoro y cuantos le precedieron– la prescripción del ilustre jesuita. Los diputados, supuestos representantes de la Nación, se saben meros funcionarios de una empresa llamada Partido Político que, pese al mandato constitucional, funciona de forma autoritaria. De esos partidos depende su puesto mucho más que de los ciudadanos, que se limitan a votar cada cuatro años qué empresas les gobernarán.
Por eso, el Gobierno ha anunciado unos Presupuestos cuyo trámite parlamentario es solo eso: un trámite. Contienen, como es preceptivo, una autorización de gasto –que sube un 5,6%– y una previsión de ingresos, que pretenden aumentar en 4.375 millones de euros. El incremento del gasto se explica, pese al recorte del gasto ministerial, por los crecientes costes financieros. La pretensión de aumentar los ingresos se articulará eliminando diversas deducciones en los impuestos sobre la Renta y de Sociedades y creando tributos sobre loterías y el gas.
¿Son estos unos "presupuestos de guerra"? En absoluto. Primero, porque las guerras disparan siempre el gasto público. Pero si el símil bélico quiere reflejar una drástica austeridad, no acierta. Los gastos financieros no son ajenos a la gestión de nuestros gobernantes. El aumento del precio de la deuda es señal de que debemos reducirla, al tiempo que adelgazar los costes que nos obligan a endeudarnos. Lo sabe cualquier empresario responsable: por eso el sector privado ha reducido su endeudamiento en los últimos años mientras en la Administración Pública se disparaba. Así, aunque los mercados reaccionen positivamente al esfuerzo presupuestario, no celebrarán el previsto aumento de la deuda pública hasta más del 80% del PIB.
Y es que Rajoy, el hombre tranquilo, no nació quizás para acometer lo que el presente le reclama: no recortar, sino reformar en profundidad; no poner costosos parches al Estado central, autonómico y local, sino rediseñarlo.
Una cosa ha aprendido Montoro en los últimos meses: a no reír cuando se habla de esquilmar al contribuyente. Pero se le ha olvidado que cuando se reduce la recaudación, como en el caso del Impuesto de Sociedades, aumentar los impuestos es como cargar piedras sobre la espalda de un obrero exhausto. No hace falta citar la famosa curva de Laffer. Basta el sentido común: aumentar los impuestos de esta sociedad deprimida es, más que un crimen, un insensato error.
Un error que desconcierta. Aunque ya no ría, Montoro es optimista. Cree que mejorará la situación. ¿Por qué? ¿Cómo aumentará la actividad económica si se grava con nuevos impuestos? ¿Cómo aumentará el empleo si no se rebajan las cotizaciones sociales, enésima promesa incumplida? ¿Puede reactivarse el crédito a la actividad productiva si el Estado absorbe todo el disponible para refinanciar y aumentar su deuda pública?
La vicepresidenta ha afirmado que el 63% del gasto es "social". Me abstengo hoy de comentar tal afirmación. Pero aconsejaría a la señora Sáenz de Santamaría reservar cantidades significativas para sufragar alimentos y necesidades básicas de muchos españoles a los que Cáritas no llegará. Eso es gasto social. Lo demás, discutible.
Sabemos que los cartuchos se acaban. Estos Presupuestos no generan confianza ni en los que los han elaborado. En la acera contraria, el abismo. La Unión Europea no busca, como es lógico, nuestra prosperidad, sino su estabilidad. Un Partido Socialista quebrado no dudará en alentar nuevamente la violencia callejera. Las mafias locales lanzan a las masas sobre la tierra prometida de la independencia para encubrir su propia corrupción y poder perpetuarla. No es tiempo de medidas tibias, y estos Presupuestos lo son. Para evitar el desastre, no basta dejar de reír. Es tiempo de verdades, por duras que sean.