El próximo recibo de electricidad será una media de 6,9 euros más caro que el anterior, pese al descenso del coste de la energía en la subasta eléctrica de ayer y la consecuente bajada de la tarifa del 2,2% a partir del 1 de octubre, según la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu).
Esta circunstancia se debe a que la rebaja del 2,2% será insuficiente para compensar la subida del IVA del 18% al 21% a partir del 1 de septiembre y las refacturaciones que las eléctricas practican entre agosto y diciembre para equilibrar de forma retroactiva los ingresos del sistema, que encarecerán otro 7% el recibo.
Ceaccu calcula que solo estas refacturaciones, ordenadas por el Tribunal Supremo, encarecerán el recibo en una media de más de seis euros al mes, y recuerda que en lo que va de año la tarifa ha sufrido un incremento del 11%, y del 50% en los últimos cinco años.
"Los consumidores se van a encontrar en octubre con un recibo de la luz más caro, a pesar del descenso en el precio de la electricidad tras la subasta celebrada ayer", explica la organización de consumidores en un comunicado.
En el caso de un recibo medio de 75 euros, el consumidor pagará 2,25 euros adicionales por la subida de tres puntos del IVA y 6,3 euros más como consecuencia de los ajustes de la factura del último trimestre de 2011 y primero de 2012. Por contra, la bajada del 2,2% supondrá un abaratamiento medio de 1,65 euros, de modo que el consumidor notará en su bolsillo el próximo mes una subida de 6,9 euros.
Ceaccu considera además que esta bajada "coyuntural" no puede ocultar "las verdaderas carencias del sistema eléctrico", que son una competencia deficiente y falta de transparencia en la formación del precio y el cálculo de los costes.
Teme que el consumidor pague las nuevas tasas
Junto a esto, manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que se puedan repercutir en los consumidores las nuevas tasas sobre la generación nuclear e hidroeléctrica aprobadas por el Gobierno.
La asociación considera "inaceptable" que el sistema para repartir el peso del déficit de tarifa acabe vertiendo todo su peso sobre el consumidor final. Por este motivo, exige al Gobierno que vigile que estas tasas no se trasladen al consumidor, al tiempo que reclama una vez más que se aborde la revisión de los costes del sistema.