Andalucía pedirá un rescate de más de 4.900 millones de euros, 4.906,8 para ser exactos tras haber pasado meses acusando al Gobierno de querer imponer condiciones políticas y de competencias desde el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Parece confirmarse, según El País, que tras examinar el documento de condiciones y funcionamiento del FLA remitido por el Gobierno, la Junta ha decidido considerarlo un "planteamiento positivo" que permite a las Comunidades pagar la deuda, pagar a proveedores y mejorar sus cifras de déficit.
De todos modos, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza, Carmen Martínez Aguayo, ve luces y sombras. Como luz ve que se trata de un apoyo a la liquidez, "como un ICO-4", y se ha mostrado conforme con los requerimientos y obligaciones que la petición de dinero.
Como sombra, destaca la asignación de fondos mediante una correlación con el PIB de cada una de las comunidades. La consejera andaluza manifestó su discrepancia y señaló que "si se aplica así, podría darse el caso de una comunidad con un presupuesto pequeño y un PIB alto, podría acudir al FLA y financiar el 100% de su déficit, o el caso de una comunidad con un presupuesto grande y un PIB pequeño no podría".
En su opinión, el reparto de fondos del FLA "debería ligarse al presupuesto y a la población" de cada autonomía. El PIB de Andalucía representa el 13,6% del total nacional, según los datos de la primera estimación del INE a 2011. La población andaluza está próxima al 18% del total nacional. Otra de las sombras recogida por Europa Press es la duda sobre la transparencia, sobre la que la Junta requerirá una "absoluta información de las cantidades reasignadas y de los compromisos adquiridos".
A pesar de todo, la Junta, que hasta hace unos días negaba el rescate, pedirá 4.906,8 millones de euros con las que haría frente a los 921,4 millones de euros de compromiso de pago de deuda que la comunidad tiene pendientes de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2012. El resto, 3.985,4 millones, sería destinado a necesidades de déficit, pago a proveedores y a la liquidación del modelo de financiación autonómica.
Para el Gobierno, el fondo deberá destinarse de manera obligatoria a tres aspectos: primero, al pago de los vencimientos de deuda; segundo, al pago de proveedores comerciales de sanidad, educación (conciertos) y universidades; y en tercer lugar, una vez liquidados los dos primeros aspectos, al pago de transferencias o subvenciones a las entidades locales.
Sorprendentemente, respecto a la obligación de cumplir con la reducción del sector público, eliminar cargas administrativas y racionalizar el gasto público, la Junta cree que cumple con todos ellos y recuerda que su compromiso de reducir el sector público tiene fecha de cumplimiento a 31 de diciembre.
Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha reclamado "transparencia y equidad" en el reparto del FLA y en las condiciones que se impongan a las comunidades autónomas. Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, Vázquez ha subrayado que la Junta estará "vigilante" respecto al cumplimiento de estas exigencias.
Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha señalado que la cifra aportada el martes por la consejera de Hacienda de 4.906 millones de euros "arroja más dudas sobre la cifra de la deuda real de la Junta". Rojas pidió al Gobierno andaluz que "clarifique" a qué partidas va a destinar ese dinero.