El gran defecto del modelo de financiación autonómica, que es el que ha dado lugar a la crisis fiscal de muchas autonomías, es que, tal y como está diseñado, los gobiernos regionales no son responsables de recaudar impuestos con los que sufragar sus gastos. Por el contrario, la mayor parte de los ingresos presupuestarios autonómicos procede o de la participación en los impuestos del Estado o de las transferencias que éste realiza a las comunidades para ayudarlas a financiar servicios básicos como la sanidad y la educación. En unos tiempos como los previos a la crisis, donde la recaudación tributaria estaba inflada de forma artificial como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, este sistema llevó a que las autonomías gastaran más y más, empeñadas como estaban en tener todas de todo, y a derrochar el dinero, porque no eran responsables de su recaudación ante los contribuyentes y, en caso de problemas, siempre podían acudir a papá Estado para que les sacara del apuro. La lección que tenemos que sacar de esta crisis es que esta situación no se puede volver a permitir.
¿Qué hacer, entonces, con la financiación autonómica? Pues muy sencillo: dar a las autonomías impuestos para que los gestionen ellas directamente y sean responsables tanto de su recaudación como de la gestión de sus dineros, de forma que quien quiera derrochar los recursos públicos, gastarlos en tener de todo –como un país en miniatura– o emplearlos en la promoción de las políticas nacionalistas tenga que responder directamente ante sus votantes-contribuyentes. En este modelo, las transferencias del Estado deben limitarse a garantizar un mínimo de calidad en la educación y la sanidad en aquellas regiones más pobres y, por tanto, con menor capacidad de recaudación tributaria, y nada más.
En contra de lo que dicen en el PP acerca de que no es el momento de abrir este debate, y que primero hay que hacer una evaluación del sistema actual, yo creo que sí es el momento. La evaluación del sistema nos la proporciona la propia crisis y la resistencia de las autonomías a asumir los recortes en sus gastos que pide el Gobierno: este modelo es un fracaso. Además, si lo que quiere la Generalitat catalana es gestionar directamente impuestos para seguir haciendo de su capa un sayo, démosle –también a las demás regiones– esos impuestos a gestionar, por ejemplo, el IVA y los impuestos especiales, y dejemos el IRPF y el de Sociedades en manos del Estado; y así, cuando Artur Mas quiera seguir abriendo embajadas catalanas y televisiones públicas, que pida dinero a sus contribuyentes, que se lo financien los propios catalanes o, por el contrario, que le digan que no. Ya verán cómo en cuanto la Generalitat empiece a meter la mano en el bolsillo de los catalanes para financiar el nacionalismo, éste se acaba de golpe. Ya verán cómo en cuanto las demás autonomías tengan que hacer lo mismo con sus contribuyentes se acaban los despilfarros y los gastos políticos. La cuestión es si el PP quiere hacerlo, porque en esto del derroche autonómico es como los demás.