El Ejecutivo afirmó el pasado viernes que la nueva reforma energética buscaba repartir de forma "equitativa" el coste de cubrir el agujero que acumula el sistema eléctrico español. Así, según el Ministerio de Industria:
El Gobierno ha querido repartir el esfuerzo de la solución al déficit de tarifa de forma equitativa entre consumidores, la Administración y las compañías productoras de electricidad de régimen ordinario y de régimen especial.
Sin embargo, los expertos y el propio sector advierten de que la factura acabará recayendo una vez más sobre el bolsillo de los consumidores. Y ello, con el fin de seguir sosteniendo el sector de las energías renovables, principal responsable del déficit tarifario.
El objetivo de la reforma es resolver el denominado déficit de tarifa, que se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no cubren todos los costes de producción. El sistema acumulaba ya un agujero de 24.000 millones de euros en diciembre de 2011 y, según Industria, de no adoptarse nuevas medidas, el déficit seguiría aumentando en 5.000 millones de euros al año, hasta el punto de que en 2015 podría llegar a ser el doble del actual. De no hacer nada, el recibo de la luz tendría que subir un 43% de media para eliminar dicha brecha, según el Ejecutivo.
Para evitar este escenario, el Gobierno ha aprobado esta reforma, con la que pretende destinar 5.250 millones de euros a cubrir el déficit de 2013. Esta cuantía se reparte del siguiente modo: 2.734 millones de euros en nuevos impuestos al sector eléctrico; 450 millones procedentes de ventas de derechos de CO2; y 2.066 millones del coste financiero de la deuda eléctrica, que a partir de ahora asumirá el Tesoro (deuda pública).
Más impuestos, que pagará el consumidor
El texto contempla la creación de siete tasas o impuestos para recaudar unos 2.734 millones de euros: dos tasas a la energía nuclear; un canon a la hidráulica; un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías; y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.
De este modo, el Gobierno se ha decantado, finalmente, por disparar la fiscalidad de todo el sector eléctrico. Sin embargo, en lugar de combatir la raíz del problema -las cuantiosas subvenciones que perciben las energías renovables, mucho más caras-, ha optado por castigar fiscalmente las energías más eficientes para sostener las ineficientes. Según la patronal eléctrica Unesa, el impacto de los impuestos para las instalaciones de generación tradicional es de aproximadamente 1.800 millones de euros, frente a los menos de 700 del régimen especial (renovables).
La intención de Industria es que las compañías paguen estos tributos sin trasladar su coste a los consumidores. Sin embargo, ya se da por hecho que la subida fiscal se acabará reflejando, de una u otra forma, en el precio de la luz.
Según la Asociación de los Consumidores de Energía (Anae), "aquellas tecnologías que puedan trasladar estos impuestos a sus costes (o sea las que no están primadas, esto es, las convencionales) lo harán en la medida que puedan. Esto supone que en un futuro próximo nos encontraremos con subidas extra en los precios de la energía y que, lógicamente, serán repercutidas en nuestras facturas [...] O sea que, casi con total seguridad, al final será el consumidor quién asuma la gran mayoría del déficit".
Así, los céntimos verdes serán repercutidos de forma automática. En concreto, la nueva tasa elevará la factura del gas un 7% para el consumidor, según la asociación sectorial Sedigas -algo similar sucederá en el caso del carbón y fuel oil-. Por su parte, el impuesto lineal del 6% sobre la producción eléctrica lastrará a corto plazo los resultados de las eléctricas entre un 9% y un 20%, según las distintas estimaciones del mercado. Un impacto que, sin embargo, también se acabará trasladando al consumidor tarde o temprano, lo cual se reflejará en nuevas subidas de la luz. En conjunto, los precios podrían subir más de un 10%.
Para salvar las renovables
Y todo ello, para mantener las energías renovables. Y es que, el propio borrador de la reforma establece en su disposición adicional segunda que los nuevos ingresos fiscales servirán para financiar los costes de las renovables mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Los ingresos obtenidos en aplicación de la presente ley se destinarán a financiar determinados costes del sistema eléctrico [...] vinculados a fines de fomento de las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética. Las partidas concretas serán establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado [...]
Es decir, a partir de ahora, los costes regulados del sistema -la mitad de la factura eléctrica- se financiarán, no sólo mediante el recibo de la luz, sino también a través de las "partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y del Tesoro Público", según el texto -vía impuestos-.
El recibo seguirá subiendo
A todo ello, se sumará además una nueva subida de la luz que afectará de forma directa a millones de consumidores en los próximos meses. Industria prevé restringir el número de beneficiarios de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), cuyo precio fija en parte el Estado. A esta tarifa se acogen cerca de 20 millones de consumidores por tener contratada una potencia igual o inferior a 10 KW. El Gobierno prevé reducir este límite a "algo menos" de la mitad -entre 3 y 5 KW-.
De este modo, el reparto "equitativo" que vende Industria se traducirá, en la práctica, en un nuevo coste para los consumidores mediante subida de precios e impuestos. El recibo de la luz casi se ha duplicado en España en la última década.