El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ganado finalmente la batalla de la reforma energética tras tumbar las medidas que pretendía aprobar el ministro de Industria, José Manuel Soria. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la esperada reforma con el fin de solucionar el denominado déficit de tarifa eléctrica, que se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no cubren todos los costes de producción.
El sistema acumula un agujero próximo a los 24.000 millones de euros. Por ley, el déficit no puede superar los 1.500 millones de euros este año y tiene que reducirse a cero en 2013. Según Industria, este desfase entre ingresos y gastos se aproximaría a los 6.000 millones de euros el próximo año en caso de no adoptarse medidas extra.
La reforma inicial de Soria
Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno era introducir cambios en el sistema para reducir dicha brecha y alcanzar así los objetivos que marca la ley. Soria lleva meses trabajando en esta reforma, pero su propuesta inicial ha sido modificada. El ministro tenía claro que el problema esencial del déficit residía en el generoso sistema de primas renovables implantado bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, una burbuja verde cuyo coste asciende a unos 7.000 millones anuales.
A principios de año, Industria suspendió las primas a las nuevas instalaciones renovables con el objetivo de frenar dicha burbuja. Sin embargo, aún estaba pendiente la tarea más importante: pincharla. Desde hace meses se barajaba la posibilidad de eliminar las primas renovables con carácter retroactivo, lo cual obligaría a cerrar muchas plantas ya en funcionamiento. Sin embargo, esta opción fue descartada debido a su inseguridad jurídica y al riesgo de que el Estado perdiera en los tribunales la avalancha de reclamaciones con las que amenazaba el sector.
Fue entonces cuando surgió la idea de pinchar la burbuja verde a base de impuestos. Industria pretendía aplicar un impuesto "progresivo" al sector eléctrico según los subsidios que percibiese cada tecnología, castigando con mayor dureza a las renovables, lo cual acabaría forzando el cierre de numerosas plantas.
La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica, del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatiohora). Soria pretendía recaudar unos 6.800 millones de euros al año.
Rebelión de las renovables
Nada más conocerse el proyecto, las renovables empezaron a presionar para tumbar la reforma. En un comunicado publicado el pasado julio denunciaban que el impuesto progresivo de Soria abocaba al sector renovable a la "deslocalización o la desaparición". La nueva fiscalidad tendría efectos "devastadores". Su demanda era clara: "Una tasa homogénea a la generación por MWh sería una medida no discriminatoria y mucho más equitativa".
Montoro paraliza la reforma
El ministro de Hacienda paralizó la reforma de Soria y su aprobación se pospuso. En una polémica entrevista concedida a Bloomberg el pasado agosto, Montoro abrió una crisis en el seno del Gobierno: "Hasta que yo no lo decida, no irá adelante, lo anuncie quien lo anuncie [...] Yo tengo la última palabra en la creación de impuestos". Montoro defendía una fiscalidad lineal, lo mismo que reclamaba el sector de las renovables.
El Gobierno salva las renovables
El Consejo de Ministros de este viernes se decanta por la fórmula de Montoro y aprueba una reforma que permite la supervivencia de las renovables. Industria cede y opta por implantar siete impuestos, haciendo recaer el mayor peso sobre la generación de energía más eficiente y barata -como la nuclear- y salvando a las tecnologías más ineficientes y caras, las culpables del déficit tarifario.
El Gobierno espera recaudar 5.250 millones de euros brutos en 2013 mediante estas nuevas medidas -2.734 millones de euros netos, tras descontar otros costes-: nuevo gravamen nuclear sobre la producción y almacenamiento de residuos; nuevo canon hidráulico; 'céntimos verdes' sobre el gas natural, el carbón y el fuel oil; y lo más importante, un impuesto lineal del 6% a la venta de electricidad, aplicable a todas las tecnologías, tal y como reclamaban las renovables.
Según cálculos de la patronal eléctrica Unesa, el impacto de los impuestos aprobados para las instalaciones de generación tradicional es de aproximadamente 1.800 millones de euros, frente a los menos de 700 de las renovables. Los impuestos son mayores que el beneficio neto total de las instalaciones de régimen ordinario (900 millones en 2011).
La polémica relación Montoro-Abengoa
En medio de toda esta tensa relación entre Industria y Hacienda, saltó a la luz el polémico vínculo que mantiene el entorno cercano de Montoro con algunas de las empresas renovables que más se verían afectadas por la reforma inicial de Soria, tales como Abengoa. El hermano y dos excolaboradores del ministro pertenecen a una consultora que asesora al sector.
Toda la pugna mantenida en el seno del Gobierno con respecto a la reforma energética se puede apreciar con meridiana claridad en el siguiente gráfico, en donde se observa la cotización de Abengoa, una de las empresas más importantes de energía solar. No dejó de bajar desde principios de año, cuando Soria empezó a adoptar medidas para frenar la burbuja verde; alcanzó mínimos en junio y julio, cuando Industria ya tenía preparada su reforma inicial; pero luego la cotización se disparó en cuanto Montoro rechazó la propuesta de Soria; su valor ha aumentado un 50% desde finales de julio.
