El grupo parlamentario socialista andaluz presentó el jueves una proposición no de ley para incluir en el próximo pleno de la Cámara andaluza que se inste a la Junta de Andalucía a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la liberalización de horarios comerciales.
El portavoz parlamentario socialista, Francisco Álvarez de la Chica, dijo que en esta proposición no de ley se pedirá también que el Parlamento, en el pleno que se celebrará el 12 y 13 de septiembre, muestre su rechazo a las medidas fiscales, concretamente la subida del IVA, aprobadas en el Real Decreto Ley 20/2012.
Esto sucede porque el PSOE-A ha decidido recurrir ante el Constitucional la liberalización del horario comercial y lo ha hecho erigiéndose en representante político de la Confederación de Empresarios del Comercio en Andalucía (CECA) -miembro de la CEA y de la CEOE- que se obstinan en entorpecer la medida liberalizadora.
Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE y mano derecha de José Antonio Griñán, comunicó a CECA el compromiso de la Junta de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley del Gobierno central que recoge la liberalización en materia de horarios comerciales, por suponer una "vulneración" de competencias de la comunidad y del Estatuto de Autonomía.
La CECA, que abrió sus puertas a la iniciativa, sostuvo con el PSOE una reunión en la que confirmaron que el recurso iba asimismo contra la subida del IVA, otra medida reclamada por los empresarios.
Mario Jiménez afirmó que las medidas aprobadas por el Gobierno para la liberalización de los horarios comerciales suponen llevarse por delante el modelo de comercio andaluz, que es sostenible, cercano, equilibrado y fundamental desde el punto de vista del tejido económico y del empleo en la comunidad.
Aprovechó para apostillar que la liberalización de horarios comerciales está impulsada con criterios "exclusivamente ideológicos" y, en modo alguno, responde al interés general. "Supondrá un beneficio infinito para las grandes superficies y un perjuicio para el comercio tradicional", según ha indicado el número dos del PSOE. Asimismo, ha incidido en que supone una "vulneración" de las competencias de la comunidad en esta materia y del Estatuto de Autonomía.
Los empresarios, contra el PP
La CECA ya maniobró contra el alcalde de Sevilla y actual presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, usando al PSOE para impedir la aplicación del Decreto de liberalización. De siempre ha intentado aislar al PP y aglutinar desde el PSOE a IU pasando por el Partido Andalucista, los consumidores y los sindicatos.
Los argumentos de la CECA se centran en que en la región hay 120.000 pequeñas empresas con 100.000 autónomos y más de medio millón de trabajadores. Según los empresarios, Andalucía ha demostrado tener "solidez y fuerza social" para mantener el régimen de horarios comerciales actual para quien la liberalización "limita el autoempleo y el emprendimiento".
Recuerdan además que hay más de 50 zonas de gran afluencia turística, que pueden abrir todo el día en determinadas épocas del año y que la legislación actual establece la completa libertad horaria, los 365 días anuales, a comercios de pastelería, repostería, pan, prensa, combustibles y carburantes, así como a todos los establecimientos de hasta 300 metros de exposición y venta que no pertenezcan a cadenas o franquicias.
La CECA considera, pues, que los consumidores están bien atendidos y que la liberalización supondría "aperturas indiscriminadas en la que todos deberíamos estar y con ello no existiría conciliación con la familia, porque la mayoría son empresas con un reducido número de trabajadores".
Inexplicablemente, el PP andaluz no tiene posición en la materia. Consultado el programa electoral para las elecciones de 2012 y toda su hemeroteca de notas de prensa, no aparece ni una sola mención a la liberalización de los horarios comerciales.