Cuando a un gobierno le falta el valor para adoptar las medidas necesarias frente a una crisis, ésta se convierte en más larga y profunda de lo que sería bajo otras circunstancias. Es el caso de España. Buena parte de las decisiones fundamentales que está tomando el Ejecutivo adolecen de ese defecto debido, en esencia, a un problema de enfoque, o, mejor dicho, de desenfoque. El enfoque debería estar en las políticas que promovieran la creación de empresas y el buen funcionamiento de las mismas, porque solo ellas son las que pueden generar el empleo y la riqueza que precisa nuestro país para salir de la crisis y nada de eso se crea por decreto, sino que se lleva a cabo mediante el esfuerzo diario de todos los que participan en la actividad productiva y, en especial, de quienes contribuyen a promover y organizar la misma, asumiendo riesgos, que no son otros que los empresarios y los trabajadores autónomos. Ellos deberían constituir el centro de la acción política del Gobierno, a través de medidas fiscales en su favor y de acciones que no depriman innecesariamente el consumo o la inversión. De esta forma, habría puestos de trabajo y beneficios empresariales que tributaran y permitieran cerrar el déficit público.
Por supuesto, para aplicar este tipo de medidas previamente sería necesario recortar el gasto público y aquí es donde viene el problema de enfoque de la política económica del Ejecutivo: ésta, en lugar de centrarse en facilitar la vida a las empresas, se concentra en mantener el sector público sin las reformas de calado que necesita el mismo, reformas que pasan, necesariamente, por meter mano a fondo a las autonomías. Y aquí es donde los objetivos del Gobierno se desenfocan porque uno puede entender que quien ocupa el poder apueste por lo público frente a lo privado, en el sentido de reforzar la acción del Estado frente a la crisis, por muy equivocado que sea este tipo de políticas, pero lo que no alcanza a comprender es que la apuesta sea el recortar los gastos en sanidad, educación, pensiones y prestaciones por desempleo mientras se deja en manos de los políticos regionales y locales muchos poderes e ingentes cantidades de dinero para que puedan seguir haciendo de las suyas, lo cual, en última instancia, obliga a subir los impuestos. Porque, no lo olvidemos, las autonomías se llevan el 50% de la recaudación del IRPF y el IVA y el 58% de la de los impuestos especiales. En resumen, la filosofía de la política contra la crisis de este Gobierno es hacer lo que pueda sin desmantelar los intereses políticos vinculados con el gasto público y lo demás que lo imponga la Unión Europea para poder volver a utilizar a Europa como excusa de los duros ajustes que precisa la economía española.
Ahora bien, esa política tiene dos inconvenientes. El primero de ellos lo acaba de poner de manifiesto el último informe sobre la competitividad global, elaborado por el World Economic Forum, y es, en este contexto, la dificultad del Gobierno para controlar la evolución del déficit y de la deuda. Cualquier inversor extranjero que lo vea pensará que corre riesgos de perder su dinero porque España suspenda pagos o de ver penalizadas sus inversiones si el Ejecutivo sigue subiendo los impuestos. ¿Resultado? Ausencia de inversión extranjera cuando tanto la necesitamos para que genere empleos. El segundo es obvio: cuanto más suban los impuestos que, de una u otra forma, afectan al consumo y/o a los beneficios empresariales, menores serán éstos últimos, lo que estimulará que continúen los ajustes empresariales en forma de reducción de plantillas o de rebajas salariales. De esta forma nunca conseguiremos salir de la crisis. El Gobierno, por ello, debe dar un giro radical a su política económica, para centrarse en las empresas y olvidarse de los intereses y circunstancias políticas que vienen condicionando sus decisiones, porque, en las circunstancias actuales, no cabe esperar milagros.