La tercera reforma financiera del Gobierno del PP tiene visos de convertirse en la definitiva, aunque por desgracia llega con cuatro años de retraso. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, cuyos ejes y principios vienen marcados desde Bruselas: he aquí una de las condiciones que exigía el Eurogrupo para conceder a España un crédito de hasta 100.000 millones de euros para rescatar a la banca.
Entre otros aspectos clave, la reforma refuerza el papel del FROB –dueño y señor del saneamiento financiero bajo el mando del Ministerio de Economía–, regula la reestructuración y liquidación de entidades en problemas, impone pérdidas a los accionistas y acreedores de las entidades intervenidas y limita la comercialización de ciertos productos complejos, como las polémicas preferentes.
La principal mejora que introduce el texto radica en el reparto de las cargas del rescate público de la banca entre los distintos agentes implicados, con el fin de aligerar la factura que tendrá que sufragar el contribuyente. También es de saludar lo relativo a la liquidación y venta de aquellas entidades cuya insolvencia manifiesta impida su viabilidad a medio y largo plazo. Lo que venía sucediendo hasta ahora era injusto: que se salvara a accionistas y acreedores a costa de unas arcas públicas muy deterioradas como consecuencia de la crisis y la nefasta gestión política de los últimos años. La nueva regulación, adelantándose a la normativa europea que entrará próximamente en vigor, rompe de forma parcial la denigrante práctica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
Así, en caso de que una entidad precise ayuda pública, tanto los accionistas como los titulares de preferentes y bonos subordinados deberán aceptar obligatoriamente sustanciales pérdidas, asumiendo así la responsabilidad que conlleva toda inversión. Asimismo, las entidades que no tienen salvación serán troceadas y vendidas, con lo que ya no serán mantenidas indefinidamente con cargo a los fondos públicos.
Sin embargo, la reforma no está exenta de sombras. La creación del denominado banco malo permitirá limpiar los activos inmobiliarios problemáticos que acumula el sistema financiero, pero a costa de que el contribuyente asuma las posibles pérdidas. Los detalles de este mecanismo todavía no han sido especificados, toca esperar al reglamento, pero algunas experiencias pasadas no han arrojado buenos resultados para las arcas públicas. Todo dependerá del valor que otorgue el Banco de España a dichos activos tóxicos. Además, el Gobierno dispondrá de hasta 15 años para vender en el mercado los numerosos pisos y solares adquiridos a la banca, período excesivamente largo y que, por tanto, amenaza con ralentizar aún más el necesario ajuste de precios que debe experimentar el mercado inmobiliario para sanearse por completo.
Por el momento, la factura del rescate bancario, en términos de deuda pública, podría ascender a un máximo de 120.000 millones de euros, de ahí que resulte alucinante la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que no costará ni un euro al contribuyente. Claro que le costará... a no ser que el Gobierno logre finalmente su ansiada meta de socializar las pérdidas de la banca española entre todos los Estados miembro de la Zona Euro. Lo que, de hecho, supondría que no sólo pagarían los contribuyentes españoles, también los del resto de la Eurozona.
De ahí, quizá, su insistencia en poner en marcha cuanto antes la unión bancaria acordada en el Consejo Europeo del 29 de junio, el futuro mecanismo que permitirá recapitalizar directamente entidades en problemas mediante los fondos de rescate europeos.
En definitiva: en principio, se trata de una reforma con más luces que sombras; pero podría convertirse en todo lo contrario si al banco malo se le dota de un reglamento pésimo.