Según el Ministerio de Hacienda, la revisión de las cifras del PIB de 2010 (reducción del 0,3% en lugar del 0,1%) y en 2011 (incremento del 0,4% en lugar del 0,7%) "tienen un impacto insignificante en la cifra de déficit".
No es así. Tanto por volumen como por composición del déficit.
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El déficit público de 2011 sigue siendo de 95.900 millones de euros, lo que significa un 9,01% del nuevo PIB nominal de ese año, que es de 1.063.355 millones de euros. El déficit final –por ahora– se sitúa en el 9% del PIB, frente al revisado, "con toda precisión", el 3 de agosto de 2012, en el documento enviado a la Comisión Europea, titulado "Plan Presupuestario 2013-2014", que lo evaluaba en el 8,9% del PIB.
Cuadro 2 -
Más inquietante es la composición del déficit público de 2011. Según el INE, el gasto corriente de las Administraciones Públicas fue 6.400 millones de euros mayor de lo contabilizado hasta ahora. Y, por el contrario, las Inversiones Públicas fueron 7.025 millones de euros inferiores a lo considerado hasta el reciente 3 de agosto de 2012.
Esos dos datos tienen consecuencias con vistas a lograr la disminución del déficit público hasta el 6,3% del PIB previsto para 2012.
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En términos cuantitativos, nominales, el déficit público tenía que reducirse desde los 95.900 millones hasta los 66.800 millones. Teniendo en cuenta que el PIB de 2011 fue de 1.063.000 millones en lugar de 1.073.000 millones que se suponía, y que el decrecimiento económico en 2012 será posiblemente del 1,7% -en lugar del 1,5% previsto el 3 de agosto de 2012- y que la inflación (el deflactor del PIB) no va a ser del 0,3% sino posiblemente del 2,5%, el PIB de 2012 podría ser de 1.073.000 millones, en lugar de los 1.060.000 millones previstos. Gracias a la mayor inflación, el 6,3% de déficit podrá alcanzar la cifra de 67.700 millones de euros, 900 millones de euros menos de lo previsto.
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El ajuste en el déficit nominal tendrá que ser, por tanto, de 28.100 millones de euros. El gobierno expone, en su documento del 3 de agosto de 2012 a Bruselas, que esa cifra se alcanzará aumentando la recaudación por impuestos de todo tipo en 9.700 millones y reduciendo el gasto público en 18.400 millones de euros.
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En relación con los ingresos resulta descorazonador pensar que las subidas de IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, Impuestos Especiales y todo tipo de tasas sólo se va a traducir en unos mayores ingresos públicos de 9.700 millones de euros. Pero eso ocurre cuando un país se contrae, se pierde empleo, y se reducen ingresos por otros impuestos, como las cotizaciones sociales. Y sin la subida de todos esos impuestos el déficit público superaría holgadamente el 9% del PIB por tercer año consecutivo.
Lo más importante de la revisión del PIB y de la composición del gasto público de 2011 es que pone en duda la estrategia del gobierno –estrategia del 3 de agosto de este año- para conseguir la reducción del gasto público.
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En términos nominales la reducción del gasto público debería ser de 18.400 millones de euros. Pero, como el gasto en intereses de la deuda –que el PSOE, IU, y los economistas progresistas tipo Krugman, quieren que aumente rápidamente- pasará de 25.900 millones de euros en 2011 a 34.400 millones en 2012, es decir, 8.500 millones de euros más, el ajuste en el resto de los gastos que no son intereses tendrá que ser de 26.900 millones de euros, en lugar de los 18.400 millones que aparecen como ajuste global. De ese aumento en el pago por intereses –los 8.500 millones previstos- alrededor de 5.000 millones se producen por el aumento de la deuda pública en 2011 y 2012 y otros 3.500 millones son consecuencia del aumento de los intereses de la deuda pública.
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Para hacer frente a esa reducción del gasto el gobierno ha previsto 14.000 millones menos para inversiones públicas de todo tipo, alrededor de 8.500 millones menos para pagos de personal y pensiones de los empleados públicos, y 6.400 millones por menos reducción de gastos corrientes.
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Esas cifras, netas, ocultan grandes cambios en capítulos como pagos de pensiones de la seguridad social y transferencias por prestaciones sociales, que están aumentando desmesuradamente. El gobierno, aunque ha detallado los cambios en los ingresos y gastos públicos en el documento del 3 de agosto de 2010, sólo ha dedicado un cuadro, el 17, el último, en inglés, no en español, para exponer, en términos macroeconómicos, la evolución global de esos ingresos y gastos. Con esa información es imposible atribuir ingresos y gastos a partidas más concretas.
Cuadro 17 -
Lo relevante es que el gobierno ha programado que del recorte global del gasto público de 26.900 millones, o de los 34.400 millones teniendo en cuenta el aumento del pago por intereses, 14.000 millones se conseguirán reduciendo las inversiones públicas de las tres Administraciones Públicas. Una decisión que, a mí al menos, me parece correcta, porque aún más peligroso que un aumento del gasto corriente es una mala inversión pública, que arrastre, después, durante décadas, mayores gastos corrientes.
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Y lo inquietante es que si el INE tiene razón en su modificación sobre la composición del gasto público en 2011, el total de inversiones públicas no alcanzó los 39.800 millones de euros –como expone el gobierno en su documento del 3 de agosto de 2012-, sino que fue de 32.800 millones. Es más sencillo reducir 14.000 millones de euros de 39.800 millones que hacerlo de 32.800 millones. Por otra parte, la estrategia del gobierno se desbarata, pues a estas alturas del año se han tomado decisiones para que el total de las inversiones públicas alcance los 25.800 millones, lo que supondría que habría que volver a tomar medidas adicionales para reducir el resto del gasto público en los 4 meses que restan para terminar el año o para aumentar la recaudación aumentando otros impuestos o tasas.
Si esto fuera así, la única vía de ajuste sería congelar los gastos por pensiones y reducir los gastos por prestaciones para desempleo y otras políticas activas de empleo. No hay otra forma de hacerlo, pues el ajuste en inversiones requiere más tiempo.
Conclusión
La revisión del INE es importante. Refleja la nula reducción del gasto corriente en 2011 y que el ajuste del gobierno del PSOE se hizo, casi íntegramente, en inversiones públicas. Lo que hace que cumplir con el objetivo de déficit para 2012 sea mucho más complicado. Es incomprensible, política, económica y presupuestariamente, que la reacción del Gobierno de España a esos cambios en el volumen del PIB y en la composición del gasto público sea el silencio o que "el cambio en el déficit es insignificante". No es insignificante, es inaudito porque si, transcurridos 8 meses desde el cierre de 2011, hay discrepancias de ese calibre sobre las cifras de gasto corriente y de inversiones de las tres Administraciones Públicas se confirma el descontrol global del gasto y otras posibles ocultaciones de gastos producidos en 2011.