Portugal estudia privatizar la gestión de su televisión pública

El Gobierno portugués analiza la posibilidad de dejar la gestión de la televisión pública RTP en manos privadas a través de una concesión temporal, según apuntó un asesor del Ejecutivo en su programa de privatizaciones. En declaraciones a la cadena de televisión TVI, divulgadas este viernes por medios lusos, el asesor António Borges apuntó que esta solución permitiría al Estado conservar la propiedad de RTP, aunque reconoció que ello también supondría previsiblemente el cierre de su segundo canal.

Borges, economista de formación y antiguo vicepresidente de los socialdemócratas lusos -hoy en el poder-, defendió la opción de privatizar temporalmente el ente para reducir los costes que representa RTP para las arcas del Estado, y que según sus datos ascienden a más de 200 millones de euros por año. El grupo que ganase esa concesión temporal estaría obligado a cumplir "las obligaciones de servicio público" del canal, por lo que recibiría dinero público.

Según el asesor del Ejecutivo conservador luso, esta cantidad procedería en exclusiva de la tasa que pagan los ciudadanos por la televisión pública, incluida en sus facturas de la luz, y que representa anualmente cerca de 140 millones de euros.

También hoy, el semanario Sol cita fuentes gubernamentales para confirmar que la intención del Ejecutivo es ceder la gestión de RTP a una empresa privada por un período superior a 15 años y proceder al cierre de su segundo canal. La noticia no ha tardado en generar reacciones, la primera de los propios trabajadores del ente público, que han convocado una reunión para mediados de la próxima semana ante el temor de que la concesión de la gestión de RTP a una compañía privada implique despidos.

El Gobierno luso, para cumplir con el programa de ajustes firmado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de su rescate, ha puesto en marcha un programa de privatizaciones que ya ha supuesto la venta de su participación en Energías de Portugal (EDP) y Redes Energéticas Nacionales (REN). El objetivo es lograr con este programa unos ingresos de 5.500 millones de euros, en el que también se incluyen las ventas de la aerolínea lusa TAP y la gestora de aeropuertos ANA, que se prevén cerrar antes de que acabe 2012.