El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha sido detenido este miércoles por la mañana en su domicilio de Somosaguas y se encuentra en la Comisaría de Policía de Pozuelo de Alarcón (Madrid), según confirmó a Europa Press un portavoz del empresario gaditano. La detención se produce tras la orden dictada por la juez de Palma de Mallorca María Pascual, ante quien el empresario octogenario está citado a declarar mañana como imputado por un supuesto delito de estafa en una operación de compraventa de un hotel en Baleares.
El portavoz de Ruiz-Mateos calificó de "extrema" la medida adoptada por la magistrada, ya que afirmó que el empresario tenía los billetes de avión para viajar a Palma a comparecer ante la juez. Además, asegura que el abogado Marcos García-Montes tenía previsto presentar una radiografía que confirma la rotura del dedo del pie que impidió al empresario presentarse ante la magistrada el pasado mes de julio.
La jueza Maria Pascual ordenó el 1 de agosto la busca y detención del empresario jerezano, después de que un informe forense determinara que la fractura que alegó en el tercer dedo del pie derecho no le imposibilitaba a acudir a los juzgados para ser interrogado por la presunta estafa, cifrada en 13,9 millones de euros.
"Se ríe de la Justicia"
En su auto, la magistrada instó además a Ruiz-Mateos a "no reírse de la Administración de Justicia" haciéndose valer de su avanzada edad y "presunto" mal estado de salud. La instructora de la causa, jueza de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear, ya le había emplazado a declarar en diversas ocasiones. Sin embargo, en varias de ellas el jerezano ha alegado tanto problemas de movilidad como económicos para no comparecer en dependencias judiciales, mientras que las dos únicas veces en que sí ha hecho acto de presencia en los Juzgados se ha acogido a su derecho de no declarar. "No es de recibo que se pretenda eludir una obligación legal amparándose en unos supuestos daños físicos y psicológicos que a día de hoy no han quedado demostrados", llegaba a incidir la magistrada María Pascual en su último auto.
Este procedimiento judicial se inició a raíz de la querella presentada el pasado año por la sociedad Inversiones Grupo Miralles (IGM) como consecuencia de la presunta estafa en la compraventa del hotel Eurocalas. Posteriormente, la denuncia fue ampliada al atisbar indicios de que la mercantil que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos. En el marco de este caso, sobre el empresario y sus seis hijos varones, también imputados, pesa una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros, mientras que también tienen retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.
Inputado en tres causas por estafa en Baleares
Esta causa es tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que el empresario jerezano está siendo investigado en Baleares. Así, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está imputado por presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la sociedad Hoteles Costa Oriental a la familia Hoz y en el Juzgado número 9 de Palma por otro caso similar denunciado por Inversiones Insulares Radó.