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Cospedal despedirá al 43% de los interinos en Castilla-La Mancha

Suprimirá el 43% de las plazas vacantes en su Administración, aquéllas que son cubiertas con internos y empleados temporales.

El director general de Función Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Manuel de la Fuente, confirmó que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal suprimirá el 43% de las plazas vacantes de la Administración Pública en esta región, es decir, aquellas que son cubiertas con internos y empleados temporales. La medida, que busca la "racionalización" de los puestos de trabajo y la "eficacia" en una comunidad que tiene serias dificultades para cumplir con los objetivos de déficit, afectará a unos 350 empleados.

"Es preciso racionalizar la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que sea eficaz y dé contenido a todos los recursos que tiene esta Administración de una forma eficiente, racionalizando todos los puestos de trabajo", afirmó De la Fuente.

En un comunicado, desautorizó "en su totalidad" las informaciones que apuntaban a que la cifra alcanzaría el 80%, provenientes de los sindicatos. Recalcó que el documento en el que se basaba esta información "es de contenido imposible, ya que no vamos a llegar al 80% de supresión de plazas vacantes", una cifra que rebajó hasta el 43%.

De la Fuente argumentó que muchos puestos de trabajo de la Administración regional "se han desdoblado, dividiéndose en varias plazas", una práctica del Gobierno anterior que calificó de "irregular", ya que se habría efectuado "sin realizar análisis exhaustivos sobre la necesidad de puestos de trabajo con los medios disponibles". Además, señaló que "la aplicación de estas medidas persigue el aumento significativo de la productividad de los funcionarios, garantizando así la prestación de los servicios sociales básicos".

Esta medida se suma a las baterías de ajustes anunciadas por el Ejecutivo castellano-manchego desde su elección en verano de 2011. El pasado año anunció dos planes de ajuste por 2.185 millones de euros que contemplaban reducir un 3% el salario bruto de los empleados públicos y elevar sus horarios de 35 a 37,5 horas a la semana, además de introducir la gestión y construcción "público-privada" de varios hospitales.

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