La próxima semana el Ejecutivo aprobará la regulación que establezca las bases del funcionamiento de esta gran sociedad inmobiliaria del Estado, que contará con créditos morosos, pisos y suelo de las entidades nacionalizadas y ayudadas con dinero público, según informa elEconomista.
El acuerdo alcanzado con Bruselas sólo indica que la tasación se realice a valor económico razonable. Es decir, que los precios los tendrá que fijar el Gobierno y éstos no serán excesivamente bajos, evitando así fuertes descuentos. El Ministerio de Economía busca un equilibrio entre la rentabilidad por la compra de estos activos en los próximos diez años y las pérdidas que tengan que asumir en un principio las entidades.
En concreto, la banca está presionando al Gobierno para que la valoración de dichos activos no difiera de los precios actuales, contemplando así las provisiones ya exigidas de modo que al agujero financiero coincida con el previsto oficialmente.
La gestión del banco malo español, en principio, absorberá los inmuebles adjudicados de las entidades ayudadas, además de los créditos concedidos al promotor. En total, las cuatro nacionalizadas que hay actualmente tienen en estos activos casi 90.000 millones. No se descarta que en el traspaso se incluyan otro tipo de créditos problemáticos, como los morosos de hipotecas y empresas de pequeño y mediano tamaño. De este modo, el Estado tendría que pagar unos 41.000 millones por aliviar las cargas de la banca pública, ya que la regulación de provisiones obliga una cobertura del 54% por los activos tóxicos.
Pérdidas para el contribuyente
Sin embargo, si el Estado no adquiere estos activos a precio de mercado, el banco malo acabará asumiendo las pérdidas extra que, en todo caso, serán sufragadas a través del rescate financiero europeo -de hasta 100.000 millones de euros- y, en última instancia, por los contribuyentes españoles.
Algo similar ocurrió en Irlanda, cuyo banco malo adquirió 74.000 millones de créditos e inmuebles procedentes de la banca con una rebaja del 56% -pagó 32.000 millones-. Pero a día de hoy los precios están muy por debajo de la rebaja contemplada en su momento: Dublín calculó que los pisos se iban a revalorizar más de un 8% en los siguientes años, pero el valor de la vivienda ha caído un 24% desde 2009.
El plan del Gobierno consiste en liquidar estos activos a través del banco malo de forma progresiva, durante los próximos 10 años, evitando así ventas a precio de saldo. Además, esta sociedad inmobiliaria pública será gestionada de forma independiente, es decir, no estará dirigida por las propias entidades sino, posiblemente, por una compañía especializada en la venta de inmuebles o bien fichando a ejecutivos expertos en el sector inmobiliario.