El Gobierno estudia pedir a la Unión Europea un rescate "light", con el fin de utilizar esos recursos para intervenir en los mercados de deuda y reducir la prima de riesgo y los elevados intereses que tiene que pagar España para financiarse. Con ello, el Ejecutivo no acaba de comprender, o no quiere hacerlo, las verdaderas razones por las cuales la prima de riesgo española está disparada.
La causa fundamental es la duda de los mercados acerca de que el sector público español pueda reducir sus gastos; una duda, por otro lado, del todo punto razonable. Para recortar el gasto público y, con ello, el déficit presupuestario, es preciso que las autonomías y los ayuntamientos no solo reduzcan sus pagos sino que, además, renuncien a políticas completas que impulsan los mismos. Pero cuando se habla de ello con unas y otros, todos se niegan a hacerlo. Las autonomías que no gobierna el PP quieren declararse en rebeldía frente a los planes del Ejecutivo y a las que están bajo el mandato de los populares el Gobierno ha tenido que convencerlas para que no le lleven la contraria, al menos en público.
Lo cierto, sin embargo, es que aquí nadie quiere renunciar a su cuota de poder regional, con lo que ello conlleva de empleo de recursos públicos. Y lo mismo cabe decir de los ayuntamientos, cuyos alcaldes rechazan los planes del Gobierno para que las diputaciones provinciales asuman la prestación de una buena parte de los servicios que ofrecen y para dejar de llevar a cabo otras actuaciones de marcado carácter populista y electoralista, lo mismo que las autonomías.
Ante este panorama, la actitud del Gobierno tendría que ser la de recuperar competencias e imponer los recortes le duela a quien le duela. Pero Rajoy dice que las autonomías no se tocan, no sabemos muy bien por qué, mientras los alcaldes y los presidentes regionales piden mantener las políticas populistas y los mecanismos de clientelismo político.
Así las cosas, reducir el gasto público en España se antoja una tarea imposible y como ya no se pueden subir más los impuestos, porque con ello se deprime todavía más la economía y los ciudadanos ya no lo aguantan, los mercados entienden que España es incapaz de poner orden en sus cuentas públicas y, por tanto, penalizan a nuestro país con una prima de riesgo elevadísima. Es el coste de negarse a hacer los deberes.
El problema para Rajoy es pensar que la Unión Europea le va a poner a España las condiciones que él quiera si se llega a pedir el rescate. Gran error. Tanto la UE como los mercados saben que el núcleo duro de nuestra crisis fiscal se encuentra en las administraciones territoriales y que, para superarla, o éstas colaboran o no hay más remedio que meterlas mano. Y a fondo. Muy posiblemente, eso es lo que van a decir en Europa cuando les pidamos dinero. Entonces, si la causa de la prima de riesgo está en no poner orden en ayuntamientos y autonomías, si la UE nos va a exigir que lo hagamos, ¿por qué no empezamos ya y nos dejamos en paz de tanta historia de que las autonomías no se tocan, cuando la realidad es que el Estado de las autonomías está en crisis estructural y hay que construirlo de nuevo?