La Junta de Andalucía mantendrá su pulso al Gobierno. En una reunión extraordinaria mantenida este mismo jueves por la mañana, el Ejecutivo andaluz ha acordado encargar un estudio a los servicios jurídicos de la Junta para recurrir por todas las vías posibles, incluido el contencioso administrativo y el Tribunal Constitucional, el límite de deuda "impuesto" por el Gobierno central.
La medida ha sido anunciada en una rueda de prensa por Susana Díaz. La consejera de la Presidencia e Igualdad, ha asegurado que no les ha quedado "más remedio" que tomar esta medida. Lo curioso es que minutos después de este anuncio la propia Díaz reconocía que Mariano Rajoy y José Antonio Griñán mantuvieron este miércoles una conversación en la que manifestaron su voluntad de "mantener abierta la vía del diálogo" para buscar una "solución" que permita "reconsiderar" los acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Mientras anunciaba esta voluntad de diálogo, Díaz aseguraba que el límite de la deuda es un "ataque frontal" al autogobierno de Andalucía que se ha decidido "sin previo aviso" y además pone en peligro políticas públicas como la educación y la sanidad. "El cambio en el límite de deuda responde al mismo patrón que la amnistía fiscal del Gobierno central", ha denunciado.
Díaz ha indicado que la voluntad de la Junta es mantener su "apuesta por el diálogo y la cooperación institucional con la firmeza de defender los intereses generales de Andalucía". Es complicado imaginar cómo se compagina este deseado de diálogo y de cooperación con un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero eso es lo que ha defendido Díaz. La Junta mantiene su doble discurso. Mientras, el Gobierno recuerda: "Hay que cumplir la ley".