El número de asalariados del sector público se redujo en 63.000 personas en el segundo trimestre del año, un 2% respecto al trimestre anterior, con lo que el total de trabajadores de este sector se situó en 3.041.100 a cierre de junio, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La destrucción de empleo asalariado en el sector público experimentada entre abril y junio prácticamente duplica a la que se produjo en el primer trimestre del año (-32.000 personas), de forma que en lo que va de 2012 (primer semestre), se han perdido 95.000 empleos asalariados en el sector público.
Con la reducción del segundo trimestre, el sector público acumula así tres trimestres consecutivos de destrucción de empleo, en los que se han perdido 179.500 puestos de trabajo, sobre todo en el último trimestre de 2011, cuando 84.500 asalariados públicos dijeron adiós a su empleo.
En el último año (segundo trimestre de 2012 sobre mismo trimestre de 2011), los trabajadores del sector público se han reducido en 176.400 personas, lo que en términos relativos equivale a una disminución del 5,5%.
A pesar de que las administraciones públicas están metiendo la tijera a sus plantillas para reducir así sus gastos y recortar su déficit, el número actual de asalariados del sector público sigue siendo superior al que había antes del estallido de la crisis, cuando no se llegaba ni a los tres millones de trabajadores.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno en febrero pasado abre la puerta a que las administraciones públicas puedan echar personal laboral mediante despidos basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
En el caso de las causas económicas, se exige que para acogerse a ellas exista una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente", entendiendo que será persistente si dicha insuficiencia presupuestaria se produce durante tres trimestres consecutivos.
Durante el trámite parlamentario de la reforma, el PP introdujo una emnienda para que el personal laboral fijo que haya aprobado un proceso selectivo tenga prioridad de permanencia en los procedimientos de despido acogidas a estas causas.