El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, con el fin último de "acabar en España con esa visión tolerante de los que defraudan".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que se trata de "recuperar la confianza y la credibilidad del país" a través de un cumplimiento "leal y responsable" de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Un "cambio en la mentalidad de lo privado" para "acabar en España con esa visión no positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo".
En opinión de Sáenz de Santamaría, hay que acabar con la idea de que "es más listo que nadie el que está trabajando y cobrando el paro a la vez", algo que "no es admisible en ningún momento" pero menos en el actual, ha señalado. "Nadie puede ir de listo por la vida, trabajando y cobrando subvenciones", ha recalcado la vicepresidenta, que ha explicado que el anteproyecto se envía ahora al Congreso para su discusión en el próximo periodo de sesiones.
Las claves del proyecto
Lo aprobado por el Gobierno tiene tres partes: endurecimiento del Código Penal para los delitos fiscales; más medidas, en la misma línea, para delitos contra la Seguridad Social; y, por último, un proyecto de ley contra el empleo irregular.
1. Delitos fiscales
- Se agrava la pena máxima de prisión de dos a seis años (en vez de uno a cinco años).
- El plazo de prescripción pasa a ser de diez años frente a los cinco años de los restantes supuestos de delito fiscal.
- El nuevo tipo agravado se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros, cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal y cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado (paraísos fiscales).
- Se fijan una serie de mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria. Entre ellas figura un atenuante (rebaja importante de la pena) por reparación del perjuicio económico. Se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses, tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.
- Se faculta a la Administración Tributaria a no paralizar un procedimiento recaudatorio por la existencia de un proceso penal. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.
- Mayor operatividad en los supuestos de tramas al no ser necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros.
2. Delitos contra la Seguridad Social
- Nuevos supuestos de fraude que exigen una sanción penal. Tal es el caso de empresas ficticias y talleres clandestinos.
- Se endurecen las pena máximas por defraudar a la Seguridad Social utilizando empresas fantasma o ficticias. Pasan de cinco a seis años. Con esta modificación se pretende también la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años.
- Se reduce la cuantía mínima de la defraudación, que pasa de 120.000 euros a 50.000 euros, y se incluye dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita en un periodo de cuatro años.
- Se plantea la modificación del Código Penal para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta (talleres clandestinos).
3. Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para su tramitación parlamentaria. Esta Ley se enmarca en el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de abril.
- Seguimiento especial del fraude en los ERE con reducción de jornada y de suspensión de empleo. Se permitirá establecer especiales o mayores sanciones en aquellos supuestos fraudulentos que afecten a una pluralidad de trabajadores. También estarán más penadas las conductas que supongan el acceso indebido a las prestaciones por desempleo, con la utilización ilícita de suspensiones de contratos o de reducciones de jornada en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
- Se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social: se incrementa la cuantía de las sanciones en aquellas situaciones de economía irregular que afecten a un grupo de trabajadores, así como solicitantes o beneficiarios de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena.
- Diversas actuaciones en materia de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: se facilitarán las actuaciones de la inspección en cuanto al acceso a bases de datos, como es el índice único notarial, a ampliar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias y a evitar que no resulte más beneficioso el incumplimiento de una norma que su sanción.