Según la Encuesta de Población Activa, que trimestralmente elabora el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en España ha crecido hasta los casi 5.7000.000 parados, lo que supone el 24,63% de los españoles en edad y disposición de trabajar. Es cierto que el ritmo de crecimiento del paro ha disminuido respecto a trimestres anteriores, pero a pesar de ello el dato sigue siendo extraordinariamente preocupante, con varias comunidades situadas por encima del 30% de población desempleada y casi un millón de jóvenes menores de veinticuatro años sin posibilidad de desempeñar un trabajo remunerado, situación esta última que pone en cuestión nuevamente el carácter pernicioso de un sistema educativo inservible para proporcionar un futuro laboral a las víctimas que han de padecerlo.
En todo caso, lo cierto es que las cifras de la EPA de este segundo trimestre nos sitúan así en un desempleo que supera el récord de nuestra historia democrática, que hasta ahora ostentaba el gobierno socialista de Felipe González en 1994, cuando la tasa de paro alcanzó el 24,55% de la población activa, convirtiéndose en el peor dato hasta ese momento desde 1976.
Ningún país puede sobrevivir mucho tiempo con semejantes cifras de población desempleada porque, además de las energías que se pierden para crear riqueza y prosperidad, su contribución a las arcas públicas y a la caja de la Seguridad Social es imprescindible para garantizar no sólo los servicios públicos, sino también las rentas pasivas a las que una parte de la población tiene derecho, principalmente al término de su vida laboral. Además de estas consecuencias meramente presupuestarias, los hogares con todos sus miembros desempleados, que en España superan ya los 1,7 millones, constituyen un drama humano y familiar ante el que el Gobierno y la sociedad entera no pueden mostrarse insensibles.
La situación no puede ser más preocupante para el Gobierno actual a pesar de que la tragedia del desempleo en España fue forjada en los últimos años del mandato de Zapatero, como evidencia la serie estadística, por más que los socialistas hayan decidido seguir su estrategia habitual de eludir cualquier responsabilidad en los desastres que su gestión inevitablemente origina a la sociedad en su conjunto.
La reforma laboral de Rajoy, llamada a paliar esta sangría, tiene todavía tiempo por delante para mostrar sus efectos benéficos, tal y como está ocurriendo ya si bien de forma muy incipiente. A pesar de su timidez en las medidas liberalizadoras del mercado laboral, ese es el único camino posible para combatir el drama del desempleo como acredita el ejemplo de la Comunidad de Madrid, una de las que mejor comportamiento está mostrando en materia de empleo gracias en gran medida a las constantes liberalizaciones puestas en marcha por Esperanza Aguirre.
El PSOE, principal culpable de las monstruosas cifras de paro que padecemos, ha decidido lanzarse en tromba contra la reforma laboral de Rajoy en general y, más obsesivamente, contra la política económica de la Comunidad de Madrid. Los socialistas no sólo ignoran su responsabilidad sino que atacan cualquier decisión que busque paliar el drama que ellos directamente han provocado. He ahí su "sentido de Estado", del que el Gobierno habrá de prescindir pues ya ha quedado perfectamente demostrado cuál es el resultado de las políticas que propugnan.
España habrá de superar este drama social sin su concurso en el bien entendido de que, cuanto más proteste la izquierda, más seguridad tendrán los ciudadanos de que las cosas por fin comienzan a hacerse bien.