El Gobierno español llevaba semanas pidiendo a gritos una señal de las instituciones europeas para calmar a los mercados y aliviar las presiones sobre la prima de riesgo y lo ha conseguido. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho que el BCE hará todo lo posible por salvar al euro y los mercados han reaccionado en consecuencia, con una fuerte subida de la bolsa española y una caída de la prima de riesgo de más de cincuenta puntos. El peligro de insolvencia de nuestro país, por tanto, parece que se aleja.
Ahora bien, el Gobierno debe entender que el hecho de que el BCE se involucre en la suavización de los graves problemas de financiación en los mercados que sufren España e Italia no es la solución a dichos problemas; es, tan solo, una medida para ayudar a ambos países a hacer sus deberes y, sobre todo, es una forma para que ambas naciones puedan ganar tiempo para elaborar sendos planes de ajuste fiscal. Es decir, las acciones que pueda acometer el Banco Central Europeo para aliviar la presión de la prima de riesgo no son un sustitutivo de las reformas que debemos llevar a cabo, sobre todo porque, a medio plazo, si no se aplican esas reformas, llegará un momento en que el BCE ni podrá ni querrá hacer nada.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por ello, debe ser plenamente consciente de que lo que suscita la enorme desconfianza de los mercados hacia España es su percepción de que el sector público español es incapaz de poner en orden sus cuentas y, de esta forma, acabar con el problema del déficit. Dicho de otra forma, los mercados entienden el esfuerzo de ajuste que está llevando a cabo el Estado, pero consideran que si no viene acompañado de esfuerzos similares o, incluso, más intensos, por parte de las comunidades autónomas, a las que consideran el verdadero núcleo duro del problema, la crisis nunca se resolverá. El Gabinete, por tanto, debe utilizar todos los instrumentos constitucionales a su alcance para forzar la racionalización de las política fiscales autonómicas en el actual contexto de crisis. A medio plazo, sin duda, debe proceder a una reforma del modelo autonómico, tanto por el lado de las competencias y los gastos de los gobiernos regionales como por el de la forma de financiación de sus actividades, con el fin de evitar que, en el futuro, pueda volver a repetirse una situación como la actual. A corto plazo, debe aprovechar las peticiones de ayuda que dirijan los ejecutivos regionales al fondo de liquidez de las comunidades autónomas para imponer a las mismas planes de saneamiento drásticos que pongan fin a todo el despilfarro. Pero, sobre todo, debe utilizar la capacidad que le confiere la Constitución para ordenar la actividad económica y empezar a articular medidas de ahorro en todas ellas, acudan o no al fondo de liquidez. Puede empezar, por ejemplo, obligando a privatizar o a cerrar todas las radios y televisiones autonómicas deficitarias, a clausurar organismos innecesarios como los consejos económicos y sociales regionales o los tribunales autonómicos de la competencia, a cerrar empresas públicas que solo sirven para ocultar déficit o a establecer por ley quién puede tener coche oficial y quién no. Porque lo que acaba de conseguir el Gobierno con las declaraciones de Draghi es tiempo, precioso, eso sí, pero nada más que tiempo. Cometería un gran error si piensa lo contrario.