Hace ahora veinte años Barcelona celebró los Juegos Olímpicos más brillantes organizados hasta ese momento, cuyo recuerdo permanece todavía en el mundo del deporte como un ejemplo de excelencia organizativa difícil de superar. España entera contribuyó a que Barcelona’ 92 fuera un éxito en todos los órdenes, a cuyo fin no se escatimaron ni dinero ni esfuerzos para remodelar infraestructuras, construir grandes instalaciones, mejorar las comunicaciones y, en definitiva, hacer que Barcelona se pusiera a la altura de cualquier gran capital europea con el objetivo de albergar dignamente un evento mundial de esa categoría.
Pues bien, veinte años después de aquel enorme esfuerzo que generosamente llevaron a cabo todos los españoles -no sólo los catalanes-, el nacionalismo catalán pone en cuestión precisamente ese mecanismo solidario, que permitió a Cataluña ser receptora de ingentes inversiones cuando las necesitó a despecho de otras comunidades que vieron de esa forma postergado su desarrollo.
Así hay que entender la reclamación de una Hacienda propia y un pacto fiscal "con el Estado" aprobada ayer por la mayoría del Parlamento de Cataluña, cuyo propósito indisimulado es aumentar las trasferencias de fondos del resto de España para que el nacionalismo en el poder pueda seguir financiando su actual tren de gastos.
El acuerdo adoptado ayer en el parlamento regional catalán no busca deshacer una injusticia histórica que esté perjudicando a la población catalana como interesadamente sostienen los líderes nacionalistas, al afirmar tramposamente que si Cataluña tuviese un pacto fiscal podrían mantener todos los servicios públicos sin subir impuestos ni pedir ayuda financiera al Gobierno. No. Las finanzas de Cataluña no están arruinadas por una diabólica conjunción de voluntades centralistas en contra de aquella noble tierra y sus gentes, sino por la penosa gestión de su clase política, con el tripartito y el actual Gobierno de Mas como los principales agentes destructores de riqueza que jamás ha debido soportar aquella región.
Lo que distingue a unas comunidades solventes de otras abocadas a la quiebra no son los mecanismos de financiación autonómica, por otra parte extraordinariamente ventajosos para Cataluña desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, sino la gestión de sus dirigentes y su capacidad para realizar economías en entornos financieros adversos. Baste el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que no sólo no goza de ningún concierto privilegiado sino que hasta el propio nacionalismo catalán la reconoce en sus peculiares estudios sobre supuestas balanzas fiscales como una autonomía financiadora neta del resto, cuyos indicadores económicos, incluso en momentos de gran adversidad como los actuales, siguen situados muy por encima del resto de regiones y especialmente la catalana, la más endeudada y la que más dificultades encuentra para obtener la financiación que permita mantener el funcionamiento de su administración disparatada.
Unas balanzas fiscales muy curiosas que, dicho sea de paso, el nacionalismo catalán jamás se aplica a sí mismo, de forma que resulta imposible saber qué provincias o veguerías catalanas aportan más a las finanzas autonómicas, dato que serviría para que sus autoridades locales o provinciales exigieran a su vez la compensación oportuna mediante un pacto fiscal con la Generalidad.
En todo caso, consumada la exigencia política del parlamento regional catalán en orden a su equiparación financiera con el anacrónico concierto vasco y foral navarro, ahora le toca al Gobierno de Mariano Rajoy actuar en consecuencia en un tema que, despojado del sentimentalismo que los nacionalistas imprimen a todos sus disparates, no podría ser más sencillo. La comunidad autónoma de Cataluña recibe la financiación que establece su muy generoso Estatuto de Autonomía y el resto de la legislación española en materia autonómica y no hay razón para aumentar el agravio que ya existe hacia el resto de ciudadanos de otras partes de España. Además de lo anterior, la solicitud de fondos adicionales al Gobierno efectuada por la Generalidad debe implicar necesariamente un mayor esfuerzo en la reducción de los gastos en que incurre la administración autonómica catalana, que el Gobierno de España habrá de cuantificar, fiscalizar y evaluar antes de efectuar nuevos desembolsos.
Es lo que recogen las leyes y dicta el sentido común, por más complejos que atenacen a la derecha a la hora de tratar las desbocadas aspiraciones que los nacionalistas ponen sobre el tapete sin cesar. Ahora además es que ni siquiera hay dinero para contentarlos. En raras ocasiones lo tendrá Rajoy más fácil para cumplir con su deber como presidente del Gobierno de todos los españoles.