¿Qué va a hacer el Gobierno con Cataluña cuando esta región formalice su petición de ayuda al fondo de liquidez de las comunidades autónomas? Porque Cataluña no es una comunidad cualquiera, sino aquella donde el Ejecutivo regional se niega a cumplir las sentencias que establecen la obligatoriedad de la enseñanza en y del castellano al mismo nivel que el catalán, es aquella que multa a quienes rotulen en castellano, es aquella que no se siente solidaria con el resto de España, a la que desprecia hasta el punto de anunciar sus intenciones en la BBC y no en los medios españoles, es aquella que llamó hace unos días a las demás autonomías a la rebelión contra los planes de ajuste presupuestario del Gobierno de la Nación. Por eso, ¿qué va a hacer dicho Gobierno con Cataluña? En teoría, debería de concederle la ayuda que parece que va a solicitar, pero también en teoría debería ponerle condiciones, muchas de ellas muy distintas a las que puedan tener que aceptar otras regiones que acudan al fondo de liquidez.
Los problemas financieros de Cataluña derivan, en parte, de cómo se despilfarra allí el dinero. Es la región que tiene el mayor gasto público por habitante, lo cual no implica que los catalanes disfruten de mejores servicios públicos que el resto de los españoles. Todo lo contrario. Pongamos, por ejemplo, el caso de la sanidad catalana. Ésta es la más cara de España porque, en su momento, la Generalitat decidió que los médicos y enfermeras del servicio catalán de salud cobrasen más que sus iguales del resto de España para, de esta forma, atraer a los mejores, cosa que no lograron gracias a la imposición del catalán, y ahora no pueden financiarla. Además, el Ejecutivo regional dilapida ingentes cantidades de dinero en todas las políticas que tienen que ver con la promoción del nacionalismo y la imposición del catalán. Asimismo, es una comunidad con una corrupción rampante, como demuestra, sin ir más lejos, el caso del Palau. Y, encima, es una autonomía que está perdiendo ingresos fiscales como consecuencia de la política de inmersión lingüística y de sus devaneos con la independencia, lo que está llevando a muchas empresas a abandonar Cataluña e instalarse en otros lugares de España.
¿Qué es lo que debería hacer el Gobierno de la Nación, por tanto? Pues muy sencillo. Además de imponer el más que lógico ajuste presupuestario, debe forzar a que Cataluña abandone todas las políticas nacionalistas que impliquen gasto. Y ya que Cataluña acude a España en busca de ayuda, debe obligarla también a aceptar las sentencias de los tribunales en todo lo referente al castellano. Si son españoles para que los demás les saquemos las castañas del fuego, también deben serlo para esto. Si están a las maduras, también tienen que estar a las duras. En caso contrario, Rajoy debería dejar que se las apañen como puedan, porque lo que es inadmisible es que una región con el mismo nivel de renta que Madrid esté en crisis por las causas por las que está en crisis y no quieran renunciar a las políticas que han degenerado en esta situación.