El Gobierno se ha embarcado en un pulso muy peligroso con la Unión Europea. Mientras los mercados acorralan a España, el Ejecutivo pide al Banco Central Europeo que intervenga en los mercados de deuda para frenar la escalada de la prima de riesgo, pero éste no se muestra por la labor porque dice, respaldado por Alemania, que esa no es su función y le recomienda al Gabinete que acuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que se creó, entre otras razones para eso. Pero acudir a dicho mecanismo implica tener que aceptar un plan de ajuste y saneamiento de la economía española, cosa a la que el Gobierno se niega. Así es que uno y otro siguen sin ceder en sus posiciones, a ver quién es el que más aguanta, si el Ejecutivo español, tratando de llevar la situación a un límite que obligue al BCE a intervenir, o el banco, que insiste una y otra vez en sus argumentos. Y, por ahora, parece que es el Gabinete el que va perdiendo la partida.
Rajoy, es cierto, ha presentado este mes unas medidas de ajuste muy duras, pero los mercados no se las creen. Es más, los mercados entienden que mientras no se meta mano a las administraciones periféricas, aquí no hay nada que hacer en términos de ajuste, pero como el presidente del Gobierno sigue insistiendo en que las autonomías no se tocan, los mercados siguen desconfiando plenamente de España. Este es el verdadero quid de la cuestión. Los analistas internacionales valoran de forma positiva la estabilidad institucional que hay en España, derivada de la mayoría absoluta del PP en el Parlamento. Sin embargo, lo que perciben es que el PP no está empleando esa mayoría absoluta conforme a lo que cabría esperar y con lo que se encuentran es con un Gobierno que no quiere asumir la responsabilidad de forzar a las autonomías a cerrar organismos y empresas públicas, universidades, hospitales, a despedir a los contratados laborales, a acabar con muchas partidas de gasto innecesarias y a poner fin a los privilegios de la clase política. Por el contrario, lo que entienden es que el Ejecutivo no quiere quemarse con este tipo de operaciones y pretende que sean las autonomías las que asuman el coste político de tomar estas medidas, a lo cual se niegan. Y mientras unos y otros tratan de pasarse la patata caliente, aquí las cosas siguen sin resolverse. Es más, hasta las autonomías del PP se rebelan contra el Gobierno, como vimos en el último consejo de política fiscal, en contra de los ajustes que éste pretende imponerles, lo cual pone de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo para manejar la situación. Esto es lo que perciben los mercados, esto es también lo que se aprecia en Europa y, por tanto, el BCE se niega a intervenir en los mercados de deuda y le dice al Gobierno español que acuda al MEDE, sabiendo como sabe que el MEDE le va a obligar a meter mano a las autonomías.
En estas circunstancias, la estrategia del Gobierno parece ser la de pasar el mes de agosto como buenamente pueda, tratando de resistir todo lo posible, a la espera de que se tranquilicen las cosas. Sin embargo, no creo que vaya a cambiar nada, salvo que el Ejecutivo meta mano de una vez por todas a las autonomías, intervenga todas las comunidades que tenga que intervenir y, a más largo plazo, redefina el modelo de Estado. No hay otro camino para salir de la crisis. La cuestión es si lo vamos a tomar porque así lo decida el Gobierno o porque nos venga impuesto desde Europa, con los costes que ello acarrearía. Solo Rajoy tiene la respuesta.