Tengo que suponer que las movilizaciones que se están instigando espontáneamente, lo son ante las Cortes, ante la sede del Partido Popular, o en contestación a la política del Gobierno, simplemente porque no se sabe dónde encontrar a Zapatero, máximo responsable de la situación actual política, económica y social de España. Y le otorgo el distintivo de máximo, para no disminuir un ápice la del segundo en el orden jerárquico, que corresponde al adalid de las huestes socialistas, señor Pérez Rubalcaba.
Un pueblo laborioso y noble como el español, que no gusta de ser engañado, debería estar exigiendo, incluso judicialmente, las responsabilidades de los gobiernos del PSOE durante casi dos legislaturas completas (2004-2011), al modo a como Islandia lo hizo con su presidente bajo la acusación de mala gestión de la crisis. A todas luces, sería una exigencia en un verdadero estado de derecho. No hacerlo, no sólo es un atentado al orden jurídico, sino la bula más eficaz para convertir los debates parlamentarios de los últimos meses en un espectáculo circense, donde lo esperpéntico prevalece sobre la racionalidad argumental.
Hay que decir con claridad que bajo el gobierno de Zapatero, el gasto público en España llegó a subir, en algún año –2009–, hasta en siete puntos y medio del PIB. Como para que ahora, tengamos que soportar las prédicas del líder Rubalcaba enjuiciando las medidas de reducción del gasto, iniciada por el Gobierno por estricta necesidad, para vaticinar que estamos ante una política que conllevará recesión y desempleo. ¿Qué otras cosas trajeron las políticas económicas del PSOE, siendo él ministro o vicepresidente, que no fueran recesión y un nivel de desempleo superior a los cinco millones de parados?
Todo el PSOE, con líderes y acólitos en cabeza, deberían estar reconociendo, caso de tener alguna traza de honestidad, que la situación actual no es más que un efecto del endeudamiento público, por las alegrías demagógicas de más de siete años de gobierno. Una deuda pública que, si en el año 2004 –cuando Zapatero asume la Presidencia– equivale al 46.3% del PIB, en el año 2011 –cuando Rajoy es investido Presidente– se eleva al 68.5%.
Un incremento en 22.2 puntos porcentuales, que, sobre los 46.3 del año 2004, equivale a un cincuenta por ciento. Un aumento que sería justificable en períodos de guerra, esa que preconiza el ugetista banquero de Madrid, pero de muy difícil explicación, aún considerando la incompetencia y mala administración. Una deuda, que genera nueva deuda, absorbiendo cualquier recurso financiero que llega al país y que asfixia y desplaza la economía productiva, carente de crédito; todo ello, para sostener una estructura pública que con mucho supera nuestras posibilidades de financiación.
Si de algo se puede acusar al presidente Rajoy es de titubeos y demasiada moderación a la hora de fijar las medidas. La mayoría absoluta es para que gobierne con eficacia, según sus propios criterios, no según los que gusten a la oposición.