España podrá destinar parte de los 100.000 millones de euros del rescate bancario que el Eurogrupo aprobará este viernes a comprar deuda con el fin de rebajar la prima de riesgo o a una línea de crédito preventiva para financiar al Estado. No obstante, necesitará la autorización del Eurogrupo, que podría imponer nuevas condiciones a cambio de la ayuda.
La posibilidad de utilizar el préstamo de la UE para comprar deuda, que no había sido desvelada ni por el Gobierno ni por el Eurogrupo, figura en el contrato suscrito entre el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), por una parte, y el Estado español, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por otra. El borrador, fechado el 16 de julio, ha sido publicado en la página web del parlamento alemán.
El contrato detalla los diferentes instrumentos (o facilidades, en jerga comunitaria) con los que cuenta el fondo de rescate para asistir a los países en problemas: comprar deuda en el mercado primario o secundario, avalar parte de las emisiones de los países con problemas, proporcionar líneas de crédito preventivas o recapitalizar bancos.
El préstamo a España está dirigido al sector bancario, pero el Gobierno puede pedir que se cambie el destino del dinero, resalta el borrador. "Supeditado a un acuerdo previo entre las partes y a la aprobación del grupo de trabajo del Eurogrupo, la cantidad de dinero de una facilidad que no se haya gastado puede utilizarse en otra facilidad", señala. "En caso de que el Estado miembro beneficiario desee obtener asistencia financiera en forma de una facilidad alternativa o adicional, deberá pedir esa otra facilidad por escrito en una carta dirigida al Eurogrupo". La condición es que en ningún caso se podrá superar el máximo de 100.000 millones de euros.
Tras recibir la solicitud, la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y, si procede, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renegociarán las condiciones incluidas en el memorándum de entendimiento, que deben ser aprobadas por el grupo de trabajo del Eurogrupo. Una vez cumplidos estos trámites, el fondo de rescate firmará un nuevo acuerdo con el Gobierno y con el Banco de España.
Flexibilizar las condiciones
En su última cumbre celebrada en junio, los líderes europeos acordaron flexibilizar las condiciones para que el fondo de rescate compre deuda de países como Italia y España. Así, acordaron no imponer nuevas condiciones de política económica sino únicamente fijar un calendario vinculante en el que los países beneficiarios de esta ayuda deberán poner en marcha las recomendaciones de Bruselas. El contrato aclara que el fondo de rescate no estará obligado a desembolsar ayudas a España si "debido a las condiciones de mercado en el momento de una emisión no logra obtener financiación".
Además, el FEEF podrá cancelar de forma anticipada el préstamo y exigir la devolución inmediata de toda la ayuda ya prestada con intereses si España no reembolsa a tiempo alguno de los tramos. El fondo de rescate podrá enviar inspectores a Madrid y realizar sus propias auditorías para garantizar que se cumple el contrato.
En un primer momento, el FROB, en representación del Estado español, actuará como garante del rescate bancario. Una vez que comience a funcionar el fondo de rescate permanente (MEDE), que se retrasa al menos hasta septiembre porque el Tribunal Constitucional alemán no se pronunciará hasta entonces sobre su legalidad, la ayuda se transferirá allí sin ganar prioridad respecto al resto de acreedores de España.
El contrato recoge por primera vez claramente por escrito que España se beneficiará en el futuro de la recapitalización directa, es decir, que el préstamo dejará de contar como deuda y no tendrá que ser garantizado por el Estado. La condición previa es que se cree un supervisor bancario único, algo que los líderes europeos se han comprometido a poner en marcha a finales de año. "Una vez que se apruebe la recapitalización directa para las instituciones financieras en España, bien se realizarán enmiendas a este contrato para poner en práctica ese acuerdo o este contrato será sustituido por otros que recojan la recapitalización directa de instituciones financieras", afirma el borrador.