El presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, ha llamado a la rebelión de las autonomías contra la política de ajuste presupuestario del Gobierno Rajoy por entender que éste pide a las comunidades autónomas un mayor esfuerzo en el recorte de los gastos, el 64% del total, cuando sólo son responsables del 35% del gasto público total en España, mientras que la Administración Central del Estado asume nada más que un 31% del total del ajuste cuando es responsable del 52% del gasto público total. Según la argumentación de Mas, todo el gasto público que se realiza en España es igual, con independencia de que corra a cargo del Estado o de las autonomías, pero la realidad es que no es así. De ahí que las autonomías puedan y deban hacer más esfuerzos que el Estado. ¿Por qué?
En primer lugar, las cifras que maneja Artur Mas son agregados globales que no distinguen algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, el 38,7% del gasto total de la Administración Central del Estado corresponde a la Seguridad Social, esto es, al pago de pensiones, y esa es una partida presupuestaria que no tiene nada que ver con la política económica ni nada por el estilo porque se financia con las cotizaciones sociales. En segundo término, el 9,6% del gasto total de la Administración Central corresponde al desempleo. Si quitamos estas dos partidas, el Estado solo es responsable del 27% del gasto público total, menos que las autonomías. He aquí la primera razón por la que las comunidades tienen que asumir una mayor carga del ajuste presupuestario.
En segundo término, la mayor parte del gasto del Estado se destina a financiar las funciones básicas del mismo, esto es, defensa, representación exterior, orden público y justicia, que son funciones de las que, obviamente, no podemos prescindir. ¿Qué hacen las autonomías? Pues dedicar, por término medio, la mitad de sus gastos a otros dos elementos esenciales, sanidad y educación. Luego el resto de lo que hacen las autonomías es perfectamente prescindible, a diferencia de la mayor parte de los gastos estatales. Es más, incluso en las dos partidas fundamentales de gasto autonómico hay razones para aplicar recortes. Pensemos, por ejemplo, en educación. No tiene sentido alguno que en España haya 56 universidades públicas, la mayor parte de las cuales han surgido tras la creación del Estado de las autonomías porque todas ellas querían tener de todo, lo cual ha dado lugar a importantes derroches. En consecuencia, dadas las diferencias en cuanto a la composición de los gastos de la Administración Central y los de las autonomías, es lógico que sean estas últimas quienes tengan que asumir la mayor parte del esfuerzo de ajuste presupuestario porque sus gastos no son fundamentales.
¿Qué es lo que ocurre? En el caso de Cataluña, que el ajuste presupuestario implica o dejar a los ciudadanos sin sanidad y educación, o acabar con las políticas de promoción del nacionalismo, como las embajadas catalanas en el exterior, que es algo a lo que Mas no parece dispuesto a renunciar. Pero lo que tienen que tener en cuenta el presidente de la Generalidad catalana y los demás presidentes autonómicos es que esos gastos tan innecesarios como superfluos en los que incurren son los responsables de nuestra crisis fiscal y su mantenimiento en el tiempo está costando muchos puestos de trabajo y la desaparición de muchas empresas. Tal y como están las cosas, las autonomías ya no pueden seguir disparando con pólvora del rey, entre otras cosas porque el rey ya no tiene pólvora.