El Gobierno ha decidido imitar a la Unión Europea y ha creado un fondo de ayuda a las autonomías insolventes que le permitirá intervenir aquéllas con problemas para financiar su deuda sin tener que intervenirlas oficialmente, con lo que permitirá a los gobernantes que las han llevado al desastre salvar la cara y mantener la dignidad. Como instrumento para resolver la crisis financiera autonómica, la idea no está mal: aquellas autonomías que necesiten ayudas tendrán que aplicar programas de saneamiento dictados por el Ejecutivo, lo que obligará a muchas de ellas a tener que realizar los ajustes presupuestarios que se niegan a llevar a cabo. Para garantizarse que las autonomías harán lo que tienen que hacer, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de retenerles dinero de las subvenciones que deban recibir, con el fin de que nadie actúe a la griega, cogiendo el dinero y después negándose a hacer los deberes. Todo ello es muy lógico, tiene mucho sentido y debería servir para restaurar la confianza de los mercados en la capacidad de nuestro país para superar nuestras dificultades presupuestarias. Sin embargo, creo que esta medida debería venir acompañada por otras más profundas en el futuro, porque con la idea del fondo de rescate autonómico no se incide en la verdadera raíz del problema.
Si queremos evitar que vuelva a repetirse una situación como ésta, el Gobierno debería proceder a una reforma en profundidad del Estado de las Autonomías. Mediante dicha reforma, el Ejecutivo debería definir cuáles son las competencias propias de las comunidades autónomas y prohibirles el ejercicio de aquellas otras que les resulten impropias, como acaba de hacer con los ayuntamientos. Además, también debería modificarse el sistema de financiación autonómica, para que las comunidades dejen de participar en los ingresos del Estado y se financien exclusivamente con impuestos propios, que puedan manejar libremente. De esta forma, quien quiera hacer lo que no le corresponde tendrá que subir los impuestos a sus ciudadanos, lo que debería servir de mecanismo de control para que ninguna autonomía se desmadre por el coste político que ello podría acarrear a sus dirigentes. Así, quien, por ejemplo, quiera tener una empresa pública deficitaria para colocar a sus amigos y correligionarios, tendrá que rendir cuentas directamente ante los contribuyentes que tengan que hacerse cargo de la factura a través de los impuestos. Y lo mismo tendrá que hacer quien quiera mantener embajadas en el exterior, grandes flotas de coches oficiales, sistemas de subvenciones para comprar votos o una administración inflada de efectivos para dar empleo a los amigos, correligionarios y sindicalistas de turno.
De la misma forma, el Gobierno debería proceder a la recuperación de competencias, en todo o en parte, que jamás se debieron ceder, por ejemplo educación. Igualmente, el Ejecutivo debe reivindicar y desarrollar el artículo de la Constitución que le faculta para ordenar la actividad productiva y le confiere todos los poderes en material de política económica, con el fin de que ningún nivel de la Administración pueda oponerse a sus medidas alegando la invasión de competencias.
Con el fondo de rescate podemos resolver la crisis financiera de las autonomías, pero se trata también de aprender la lección y evitar que se pueda provocar una nueva crisis, así como de cortar de raíz el despilfarro autonómico.