El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el miércoles un incremento de impuestos basado en el principio de "quien contamina, paga" para elevar los ingresos del Estado, lo que se interpreta como subidas en los gravámenes a los carburantes, mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, aludió a un impuesto a la generación en función de la facturación y progresivo para las tecnologías más subsidiadas.
El nuevo impuesto será del 4%, o de 2 euros por megavatio hora (MWh) facturado, para las fuentes tradicionales, entre las que se encuentran la nuclear, la hidráulica y los ciclos combinados de gas. Dentro de las renovables, la norma distinguirá entre tecnologías gestionables y no gestionables, e incluirá imposiciones del 11% para la eólica, para recaudar 400 millones, y del 19% para la fotovoltaica, lo que permitirá obtener 550 millones.
Las nucleares e hidráulicas tendrán además una tasa adicional, que será de 10 euros por MWh en el caso de la nuclear, lo que permitirá ingresar 550 millones, y de 15 euros por MWh en el de la hidráulica, con lo que se obtendrán 400 millones. Los hidrocarburos gasesosos sufrirán un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico para aportar 1.150 millones, mientras que las subastas de derechos de emisión de CO2 permitirán ingresar 900 millones. La retribución al transporte se recortará en 50 millones y los pagos extrapeninsulares en 100 millones.
Las eléctricas advierten
Las compañías eléctricas han reaccionado a esta medida advirtiendo de que pondrán en riesgo sus inversiones y beneficios, y podrían hacerles incurrir en pérdidas. En concreto, la patronal (Unesa) señala en un comunicado que el beneficio neto de las grandes compañías en la actividad eléctrica nacional fue de 3.063 millones de euros en 2011.
El recorte a la distribución y pagos por capacidad de unos 800 millones de euros aplicados en el primer paquete de medidas adoptado por el Gobierno para solucionar el déficit de tarifa ya supuso una caída del resultado del mismo tenor. En caso de aplicárselos nuevos impuestos anunciados, que ascienden a 2.000 millones de euros, se produciría una nueva caída de resultados "dejando el beneficio de estas empresas en España a cero", lo cual podría afectar a su viabilidad, añade la patronal.
El anuncio de mayores impuestos a la energía ha tenido impacto negativo en los mercados, con caídas en la Bolsa de las principales compañías eléctricas. De confirmarse las medidas, las eléctricas podrían sufrir, además, una reducción de su rating, dificultando su capacidad de financiación y, por tanto, reduciendo sus posibilidades de inversión.
La patronal incide en que "el déficit de tarifa es el mayor problema que tiene el sector eléctrico español y podría convertirse en un grave problema para la economía española. Supera, a día de hoy, los 25.000 millones de euros y es necesario ponerle solución. Lo que resulta incomprensible es que dicho déficit, en parte titulizado pero en gran parte financiado por las cinco compañías de Unesa, se ataje con medidas que repercutan negativamente en quienes lo financian en lugar de en aquellas compañías que lo generan".
Por ello, añaden, es "urgente solucionar el déficit de tarifa atendiendo a las verdaderas causas del mismo, que no son otras que una política de subvenciones muy abultadas a determinadas tecnologías", en referencia a las renovables. De otra forma, "se pondrá en riesgo a un sector muy importante para la economía nacional y no se conseguirá que la energía eléctrica en España tenga unos precios similares a los de otros países de la Unión Europea". Las eléctricas han solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, "reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos", concluye Unesa.