Situaciones de emergencia requieren soluciones de emergencia, y España se encuentra en ese caso. Con una prima de riesgo desbocada y el déficit público fuera de control, al Gobierno no le quedaba más remedio que adoptar todo un conjunto de decisiones tan duras como dolorosas para evitar males mayores, bien en forma de suspensión de pagos, bien en forma de intervención de la Unión Europea. El conjunto de medidas de ajuste presupuestario que ha anunciado Rajoy este miércoles en el Congreso de los Diputados se enmarca en ese contexto de extrema necesidad.
A corto plazo, probablemente no había otra alternativa que la que ha seguido el Gobierno, por muy dolorosa que sea. Se trata de cortar como sea la nefasta deriva de las cuentas públicas, agravada por una recesión más profunda de lo que se había previsto inicialmente, con el fin de evitar lo que nadie quiere por sus consecuencias, esto es, la intervención o la suspensión de pagos. En este sentido, se puede decir que el Ejecutivo, esta vez sí, ha puesto toda la carne en el asador, con medidas de ajuste valientes, a sabiendas de que su aprobación le va a costar bastantes votos; pero no había más remedio que hacerlo, porque en estos momentos el Gabinete no tiene otros instrumentos en su mano para frenar la deriva, tan peligrosa, del déficit público y la no menos grave escalada de la prima de riesgo. Había que actuar como fuese para afrontar esa dinámica tan peligrosa, y se ha hecho conjugando medidas de efecto inmediato sobre las cuentas públicas, como la subida del IVA o la reducción del sueldo de los funcionarios, con otras de más alcance, como la reducción del número de concejales. En conjunto, por tanto, se ha hecho lo que se tenía que hacer, por muy doloroso que esto pueda resultar.
Ahora bien, dado que han pasado más de seis meses desde que llegó al poder, el Gobierno ha tenido tiempo más que de sobra para pergeñar un plan de ajuste presupuestario que afectase más profundamente a los principales focos de gasto público y despilfarro de los recursos de todos: las autonomías y los ayuntamientos. Había tiempo de sobra para articular un conjunto de medidas para acabar con tanto derroche, como poner fin a la proliferación de coches oficiales y altos cargos en todos los niveles de la Administración o forzar a las autonomías y ayuntamientos a poner fin a políticas que hoy no nos podemos permitir, como las embajadas en el exterior o casi todas las relacionadas con las consejerías de cultura y festejos. De la misma forma, debería haber estudiado un recorte de las transferencias a las Administraciones periféricas para forzarlas a llevar a cabo ajustes en otros ámbitos, además de los ya referidos, como por ejemplo el de la educación. Dicho de otra forma, el Ejecutivo debería haber buscado la manera de obligar a las Administraciones territoriales a racionalizar sus gastos y hacer lo que tienen que hacer. Sin embargo, no ha querido entrar en este terreno y, como consecuencia de ello, ha tenido que tomar algunas de las medidas anunciadas este miércoles por Rajoy, que se podrían haber evitado de haber metido mano de verdad a las autonomías y a los ayuntamientos.
En resumen, el Gobierno, esta vez, ha hecho lo que tenía que hacer, y las medidas de ajuste que ha tomado posiblemente son las únicas que podía tomar a corto plazo. Pero si desde el principio de la legislatura se hubiera decidido a reformar de verdad el Estado de las Autonomías, posiblemente nos podríamos haber ahorrado algunas de ellas.