El Banco de Valencia ha sido nacionalizado por el Estado al recibir una inyección de recursos públicos de 1.000 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hace así con el control del 90% del capital de la entidad.
El organismo dependiente del Banco de España ha suscrito una ampliación de capital de 4.992 millones de acciones del Banco de Valencia a razón de 0,2 euros cada una, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El FROB ha hecho efectiva de esta forma la ayuda provisional que fue notificada y autorizada en su momento por la Comisión Europea, a la espera del plan de reestructuración definitivo.
El organismo anunció el pasado 21 de junio su decisión de aplazar temporalmente tanto la subasta del Banco de Valencia como la de Catalunya Caixa a la espera de que se concrete la valoración del sector bancario español en curso por parte de evaluadores y auditoras independientes y el rescate de la banca española.
El FROB está comprometido a garantizar la viabilidad de las entidades bajo su control, para lo que prevé inyectar el capital o prestar los apoyos financieros necesarios en aras de garantizar el normal funcionamiento de las entidades y asegurar su capacidad para cumplir con sus obligaciones con depositantes y acreedores.
Denuncia contra exdirectivos
La nacionalización efectiva del Banco de Valencia se produce el día después de que el FROB acusara a exdirectivos de la entidad de defraudar 137 millones de euros y solicitara a los tribunales el embargo de sus cuentas bancarias y de sus bienes por dicho importe.
En la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, el organismo informa de que en su labor de administrador ha detectado la presunta comisión de delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida por parte de exdirectivos del Banco de Valencia, entre los que figuran los exconsejeros delegados Domingo Parra y Aurelio Izquierdo.
El escrito que será trasladado a la Fiscalía Anticorrupción pone de manifiesto la instrumentalización del Banco de Valencia por parte de dichos exdirectivos y de diversos integrantes de la familia Calabuig Gimeno, cercana a Domingo Parra, que concedió préstamos sin racionalidad económica.
El organismo dependiente del Banco de España considera que la situación en la que los denunciados han dejado a la entidad afecta seriamente a la economía nacional y recuerda que ésta ha recibido un total de 4.500 millones de euros de dinero público para evitar consecuencias negativas en el sistema crediticio.