Este miércoles, Mariano Rajoy presentará, si no hay novedades, el nuevo plan de ajuste que ha pactado con la UE. El Gobierno tiene claro que España tiene que cumplir como sea con el objetivo de déficit marcado por Bruselas y los datos de los primeros meses del año empujan al objetivo. Por eso, se prevén subidas de impuestos (especialmente el IVA), privatizaciones (hasta 30.000 millones) y fuertes recortes de gasto.
En lo que respecta a esta última cuestión, todas las miradas están puestas en los trabajadores del sector público. Los 3,1 millones de empleados que cobran de las arcas públicas temen, con motivo, que van a ser los paganinis de la situación. Despedir a 300.000 de ellos podría suponer un ahorro de entre 12.000 y 17.000 millones de euros al año sólo en nóminas y cotizaciones sociales. Es una cantidad muy importante como para que el Gobierno no se la plantee, aunque es seguro que cualquier movimiento en esta dirección tendrá una fuerte contestación social.
Radiografía
En España hay 3,1 millones de trabajadores de las distintas administraciones. Normalmente se les llama a todos funcionarios, pero no deberíamos caer en tal error. En los últimos años, ha crecido sobremanera el número de empleados públicos que no han pasado por una oposición. De hecho, funcionarios de pleno derecho hay 1,6 millones aproximadamente. El resto son personal laboral, el considerado como "otro personal" y los empleados de empresas públicas. No hay duda de que el primer tijeretazo del Gobierno llegará por ese lado.
Lo sorprendente no es sólo el número de trabajadores públicos, sino también su crecimiento exponencial en las últimas décadas. Desde 1980, el número de empleados de las administraciones ha crecido a un ritmo que triplica el de los ocupados del sector privado. Y en momentos de crisis, al menos hasta ahora, todo el ajuste lo han sufrido los empleados de las empresas, mientras la Administración salía más o menos indemne.
La pregunta ahora sería saber cuánto se ahorraría el Estado si despidiese (o no renovase) a un número significativo de estos trabajadores. Según Eurostat, el año pasado las administraciones públicas españolas se gastaron unos 123.000 millones en gasto de personal, lo que nos daría, aproximadamente, unos 39.600 euros por empleado (incluyendo todos los conceptos). Si miramos sólo al Gobierno central, los PGE para el año 2012, tenemos un gasto de personal de 33.150 millones para unos 560.000 empleados. La media es de unos 59.200 euros por trabajador.
Por lo tanto, despedir o no renovar a 300.000 empleados públicos, que es la cifra que se está barajando en los últimos días, supondría un ahorro de entre 12.000 y 17.800 millones de euros al año. Y a esta cantidad habría que sumarle el resto de gastos asociados a cualquier puesto de trabajo y que no están incluidas en la nómina (como las herramientas imprescindibles para hacer su tarea).
Es difícil calcular cuántos empleados públicos sobran. En el sector privado, el mercado actúa como un termómetro infalible. Si una empresa está sobredimensionada, sus altos costes harán que quede en situación de desventaja respecto a sus competidoras, que comenzarán a quedarse con sus clientes. Para recuperarse, no le quedará más remedio que adelgazar su estructura o mantener a sus empleados pero produciendo más.
En la administración este tipo de cálculos no funcionan. Por eso, su estructura tiende a expandirse, en ocasiones sin demasiado control. En las épocas de bonanza, especialmente, es muy apetecible para cualquier político abrir la mano en la contratación, con todos los beneficios electorales que esto tiene.
Una buena manera de medir si ahora hay demasiados funcionarios podría ser compararlos con los que había en el año 2000. En aquel momento, la administración tenía algo menos de 2,5 millones de empleados para 40,5 millones de habitantes. Por lo tanto, había 16,3 españoles por funcionario. En estos momentos, hay una población de 47,2 millones, con 3,1 millones de trabajadores públicos (15 habitantes por funcionario). Esto quiere decir que ha subido la presencia de empleados de las administraciones, a pesar de la crisis vivida en los últimos cinco años. De hecho, a finales de 2006 había 2,9 millones de trabajadores públicos, unos 200.000 menos que ahora. Y eso que en el último año los políticos se han visto obligados a reducir en más de 100.000 el número de personas a su cargo.
También han subido las remuneraciones de estos trabajadores por encima de lo que marcaba el IPC. A pesar de la rebaja del 5% decretada por el anterior Gobierno, el poder adquisitivo de los funcionarios ha crecido en la última década. Nuestro compañero Juan Ramón Rallo ha calculado que si redujéramos el número de empleados públicos para mantener la ratio del año 2000 y rebajáramos el sueldo de los que queden para que mantuviera el poder adquisitivo que tenían entonces, los gastos del Estado se reducirían de un plumazo en 20.000 millones de euros al año.