El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado este lunes lo que muchos ya nos temíamos, que no es otra cosa que una nueva subida de impuestos, en este caso del IVA. La razón fundamental es cumplir con los compromisos en materia de ajuste presupuestario pactados con la Unión Europea, que para este año ha tenido que relajarse de un desequilibrio fiscal del 5,3% del PIB a uno del 6,3% porque España no iba a cumplir, ni por casualidad, con dicha cifra, dado que apenas se han tomado medidas para conseguirlo. Montoro, por tanto, empieza ya a anunciarnos lo que está por venir. Sin embargo, ¿por qué en lugar de comenzar por subir impuestos, que es lo último que se debe de hacer, pues deprime todavía más una economía como la nuestra, ya de por sí bastante hundida, no se inicia el ajuste con nuevos recortes del gasto, en especial en las autonomías? Si Montoro nos dijera que se acabaron los coches oficiales, las visas oro, las legiones de asesores de ayuntamientos y comunidades autónomas, las subvenciones de todo tipo a todo aquello que no tiene nada que ver ni con el impulso a la actividad productiva ni con la sanidad, la educación y la protección social, todos le aplaudiríamos, hasta los mercados. Pero si el ajuste empieza por una nueva subida de impuestos, mal asunto, porque denota que el Gobierno, o no es capaz o no tiene la voluntad política de poner fin a tanto derroche de recursos como se produce en las administraciones periféricas.
Montoro trata de justificar la subida del IVA argumentando que las tendencias modernas en la fiscalidad apuntan al incremento de la imposición indirecta para reducir la carga tributaria relacionada con el trabajo, dando a entender que, a cambio de más IVA, habrá menos impuestos sobre el factor trabajo, lo que abaratará el uso del mismo y, por tanto, facilitará la generación de empleo. Pero esto es la teoría, y después tendremos que ver la práctica del Gobierno, porque por ahora lo único claro es que sube el IVA, mientras no sabemos nada de si van a bajar el IRPF y las cotizaciones sociales, que es lo que se necesita para crear empleo. En cualquier caso, le guste o no, tarde o temprano al Gobierno tendrá que abordar la cuestión del gasto público, en especial el de las administraciones periféricas, por una simple razón: la población sigue envejeciendo, lo que dispara el gasto en sanidad y pensiones. Hasta ahora, la fuerte llegada de inmigrantes registrada desde 1997 permitió compensar los efectos económicos adversos de nuestra situación demográfica, si bien ello supuso que se multiplicase el gasto sanitario. Pero los inmigrantes ya no vienen; es más, empiezan a marcharse, lo que hace que se reduzca el número de cotizantes a la Seguridad Social. En este contexto, por muchas medidas de racionalización del gasto en sanidad y pensiones que se tomen, el sistema está condenado a un déficit permanente y creciente, que solo se podrá cerrar mediante el empleo de recursos presupuestarios, para lo cual habrá que reordenar el gasto público. Teniendo en cuenta que la mayor parte del mismo es responsabilidad de las administraciones periféricas, o estas recortan sus pagos o no habrá forma de que el sector público cuente con los recursos necesarios para afrontar ese desafío, a no ser que lo haga deteriorando la calidad de la sanidad pública y reduciendo al mínimo las pensiones. Como eso no es política ni socialmente admisible, al final habrá que meter mano a las autonomías. Entonces, ¿por qué no empezar ya? La crisis es una gran oportunidad y una buena justificación para hacerlo.