El carbón nacional es un negocio ruinoso desde hace más de un siglo y, por ello, ha precisado de una continua inyección de dinero público y de un marco fuertemente proteccionista a nivel comercial durante décadas para evitar su cierre. En la actualidad, el sector se ha declarado en pie de guerra para protestar contra el recorte de las ayudas en 2012 y el plan impuesto por Bruselas para eliminar por completo el régimen de subvenciones a partir de 2018.
Y es que, hasta ahora, los mineros del carbón han gozado de una sustancial generosidad por parte de los distintos gobiernos a costa del bolsillo de los contribuyentes. La cuantía exacta de las ayudas concedidas al sector fue detallada recientemente por el ministro de Industria, José Manuel Soria, durante una comparecencia en el Senado el pasado junio. Desde 1990, a través de cuatro planes sectoriales, dicha industria ha percibido un total de 24.000 millones de euros.
1. Plan 1990-1993: 4.689 millones
En el año 1990, y hasta 1993, el entonces Gobierno del PSOE puso en marcha el denominado Plan de Reordenación del Sector del Carbón, que incluyó ayudas por un importe total de 4.689 millones de euros.
El citado plan consistió, básicamente, en un conjunto de ayudas públicas que tenían por objeto subsidiar diversos conceptos.
- Suplemento de precios: retribuía a cada empresa las pérdidas de su cuenta de explotación.
- Costes sociales: el contribuyente también costeaba las prejubilaciones e indemnizaciones por pérdida de empleo.
- Costes empresariales: retribuía costes técnicos y la compensación por activos no amortizados en el momento del cierre de las explotaciones.
- Transporte: retribuía el transporte desde la mina a la central, siempre que se encontraran en diferentes cuencas.
- Almacenamiento: ayudas a las eléctricas para mantener un stock más elevado y que pudieran continuar comprando carbón nacional.
2. Plan 1994-1997: 4.275 millones
En el año 1994 y hasta 1997, tuvo lugar el llamado Plan de modernización, racionalización y reestructuración y reducción de la actividad de la industria del carbón española, cuyo importe ascendió total a 4.275 millones, dividido en distintas partidas.
- Ayudas de explotación: para la cobertura de pérdidas.
- Ayudas por reducción de la actividad.
- Reactivación de comarcas mineras.
- Ayudas al transporte.
- Almacenamiento.
3. Plan 1998-2005: 9.246 millones
El Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras destinó ayudas por importe de 9.246 millones de euros. En este caso, con el PP ya en el poder, las ayudas se ampliaban a otras materias, más allá de la mera actividad minera.
- Ayudas para reducir la capacidad de producción.
- Prejubilaciones.
- Ayudas como contraprestación por renuncia a derechos de los mineros.
- Ayudas al transporte entre cuencas.
- Ayudas al almacenamiento.
- Ayudas al desarrollo alternativo.
- Ayudas para formación y becas para los habitantes de los municipios mineros.
4. Plan 2006-2012: 4.987 millones
Éste es el último plan aprobado y ejecutado hasta el momento, aún en vigor, y fue impulsado por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, bajo el título Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Su cuantía asciende a 4.987 millones de euros. Entre otras materias, incluye:
- Ayudas por reducción de la actividad.
- Ayudas para hacer frente a activos no amortizados.
- Ayudas por concepto de costes sociales: prejubilaciones e indemnizaciones.
- Financiación de stocks similar al almacenamiento.
- Ayudas al transporte.
- Reactivación de comarcas mineras y desarrollos alternativos.
- Ayudas para becas y formación.
Ayudas indirectas: 798 millones
A todo ello, se suman las ayudas indirectas que recibió el sector bajo Zapatero. Y es que, su Gobierno aprobó en 2010 un real decreto por el cual se primaba la compra de carbón naciónal por parte de las eléctricas, en detrimento de otros recursos, para contrarrestar el descenso de la demanda que se produjo a partir de 2008 como resultado del apoyo público a las energías renovables, la caída del precio internacional del carbón y la entrada en funcionamiento de plantas de ciclo combinado (gas y vapor de agua).
A través de esta medida, el anterior Ejecutivo priorizó en el sistema eléctrico las energías generadas con carbón nacional hasta un límite del 15% de la energía primaria necesaria para la cobertura de la demanda. Además, fijó la cantidad del carbón que se tenía que comprar por cada una de las centrales, así como el precio y la retribución a percibir por cada gigavatio/hora producido mediante carbón nacional.
En 2011 el coste de estas ayudas indirectas ascendió a 382 millones de euros, y para 2012 Industria prevé que alcance los 416 millones. En total, 798 millones de euros.
Una media de 1.090 millones al año
Así pues, la suma de ayudas directas e indirectas que ha recibido el sector del carbón nacional arroja un total de 24.000 millones de euros desde 1990, lo cual hace una media de 1.090 millones de euros al año.
En cuanto a la distribución de este montante, las empresas del sector han percibido durante este período un total de 5.492 millones de euros en ayudas directas a la explotación: grupo Viloria (154 millones); grupo Luengo (296); Del Valle (625); Hunosa (1.289); Victorino (2.110); mientras que el resto han cobrado 1.018 millones de euros.
Por otro lado, desde 1990 -inicio del primer plan-, el número de mineros ha descendido, gracias a las ayudas para prejubilaciones e indemnizaciones, de 45.000 personas hasta las poco más de 4.000 que trabajan en la actualidad, lo que supone una reducción de plantillas próxima al 90%. Asimismo, la producción ha caído desde las 19,3 millones de toneladas en el año 1989 hasta los 6,2 millones de toneladas que se estiman para finales de 2012, lo cual equivale a un descenso del 67%.
En la actualidad, las comarcas mineras activas se concentran tan sólo en seis provincias: Asturias, León, Palencia, Lleida, Teruel y Ciudad Real.
Prejubilaciones en los años 80: 2.500 millones
Además, cabe tener en cuenta que, antes de la aplicación de los citados planes, se llevó a cabo una intensiva política de prejubilaciones -con dinero público- desde la llegada del PSOE al poder en 1982. En poco tiempo se prejubilaron a todos los mineros de más de 47 años (unos 15.000) a fin de reducir plantillas, con un coste estimado para las arcas públicas próximo a los 250.000 millones de pesetas de la época que, una vez corregida la inflación y traducidos en euros supondrían unos 2.500 millones de euros a día de hoy, según informa el blog Desde el Exilio.
Así pues, desde los años 80, el sector ha percibido, como mínimo, 27.500 millones de euros de los contribuyentes, sin que tal inyección haya supuesto para las zonas beneficiarias el más mínimo desarrollo en términos económicos. No en vano, las cuencas mineras registran una baja tasa de natalidad, una creciente despoblación y un envejecimiento cada vez mayor. Es decir, ni atraen inversión ni nuevas empresas pese al torrente de millones recibido durante todo este tiempo.