Por todas las vías y sin medias tintas, el Gobierno está apretando las tuercas a las comunidades autónomas para que el déficit público en ningún caso supere el 1,5% para el año en curso. El Ministerio de Hacienda está llevando a cabo una presión más soterrada, con los papeles en la mano, mientras que en los últimos días las dos personas más importantes del Ejecutivo, el presidente y su número dos, han lanzado un contundente aviso a navegantes: "Tienen que hacer un esfuerzo mayor".
En los contactos que Mariano Rajoy mantiene tanto con sus socios europeos como con los responsables de las instituciones comunitarias, a la hora de hablar de los problemas de España, casi siempre se habla de las regiones. Y normalmente nunca para bien. "Siempre están en la boca de nuestros interlocutores", confirmó una fuente bien informada. El Ejecutivo explica que, tras la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tiene todos los mecanismos para que cumplan, hasta llegar al extremo de la intervención.
"Las CCAA también tienen que hacer el ajuste. Son una pieza fundamental, tal vez la más importante, y están arrastrando los pies", asegura un ministro al tanto de la situación y que este jueves participó en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Por mucho que el Estado central presente nuevos planes de ahorro, dicen en Moncloa, las autonomías también tienen que actuar.
Este jueves, en el campus FAES que se celebra en Navacerrada, Soraya Sáenz de Santamaría apuntó una de las vías que las regiones aún no han utilizado: "El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas, sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas; por eso, en las comunidades autónomas tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la Administración central", expuso, en presencia de José María Aznar, siempre muy crítico con el hecho de que las comunidades se hayan convertido, en la práctica, en auténticos mini-Estados.
"Representan entre un 36 y un 38 del gasto público total", dijo Rajoy el lunes ante la cúpula del Partido Popular. Y esto, dicen los suyos, no se sostiene. Como tampoco que el grueso de la masa salarial dependa de la administración autonómica; más del 50% del total de los funcionarios, con cargos que en muchos casos solapan a los de las otras administraciones del Estado -central y municipal-.
Sin optimismo
El mensaje es claro: recortar y ajustar para cumplir con el objetivo de déficit. Y los primeros informes de Hacienda, tras aceptar los planes de las diferentes comunidades, no llaman al optimismo. Las negociaciones están siendo muy intensas por parte del equipo de Cristóbal Montoro: "Se tienen que dar cuenta de lo que nos estamos jugando, de que nos están vigilando y de que todos tenemos que hacer los deberes", en voz de un alto cargo.
Pero si no se cumple, el Gobierno puede actuar. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, la vicepresidenta recordó sus armas: “Hacienda puede enviar delegaciones para que se cumpla el objetivo de déficit”, afirmó en el laboratorio de ideas del PP. No es la única posibilidad antes de la indeseada intervención, ya que también se pueden imponer sanciones en caso de desvío. Son las denominadas medidas coercitivas que hicieron temblar a los Ejecutivos regionales y que les llevaron a anunciar en mayo, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que acometerían un ajuste extra de 18.349 millones de euros.
La vicepresidenta también puso la lupa sobre los organismos municipales, anunciando cambios profundos en la Ley de bases de régimen local. Por ejemplo, controlando y publicando el sueldo de alcaldes y concejales. Si bien, el Gobierno es consciente de que la clave está en el estamento autonómico. Algunas voces, la última la del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, apuntan a la necesidad de devolver algunas competencias, como la de Justicia. FAES va más lejos y pide que sean más, como expondrá este viernes el catedrático Tomás Ramón Fernández y queda constatado en su informe.
Rajoy, dicen los suyos, es un total comprometido con la austeridad, y las comunidades deberán seguir el ritmo. Así lo dijo él mismo en su única intervención pública de esta semana. También Sáenz de Santamaría, que desdeñó "las falacias" de que crecimiento y control del gasto sean incompatibles.