El Gobierno no oculta su nerviosismo acerca del más que probable incumplimiento de las comunidades autónomas en sus compromisos de déficit para el presente ejercicio. El último miembro del ejecutivo en pronunciarse sobre este grave asunto ha sido la vicepresidenta Sáez de Santamaría, que ayer mostraba su decepción por la excesiva lentitud de las autonomías en sus procesos de ajuste presupuestario.
No está el Gobierno precisamente en disposición de ofrecerse como ejemplo a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que prácticamente ha cubierto el déficit previsto para todo el ejercicio a seis meses de su finalización, pero es cierto que el margen para reducir gastos en el entramado autonómico es, por su tendencia al despilfarro estructural, mucho mayor que en el Gobierno de la nación.
Lo más enervante de esta resistencia de la casta autonómica a reducir sus abultados presupuestos es que el esfuerzo que se le está pidiendo no es, ni mucho menos, exagerado. Se trata simplemente de ajustar sus gastos al esquema previo a la crisis económica, pues resulta que desde 2007 el gasto público autonómico, por escandaloso que resulte, no ha hecho sino aumentar notablemente.
El Gobierno afirma estar presionando a los ejecutivos autonómicos a través del Ministerio de Hacienda y periódicamente amenaza con llevar a cabo las medidas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que podrían derivar en la intervención de las comunidades recalcitrantes que no sean capaces de cumplir con los compromisos adquiridos. Bien, está por ver que el Gobierno de Rajoy ordene una acción de ese tipo, en especial en comunidades gobernadas por socialistas y nacionalistas, pero si Gobierno central y autonomías son incapaces de moderar sus dispendios actuales, lo cierto es que entonces serán otros organismos supranacionales los que adopten ese tipo decisiones, con grave perjuicio para todos los ciudadanos.
La reducción del gasto público en España no es una opción sino un imperativo para la supervivencia. El Gobierno, responsable de la economía nacional, tiene la obligación de hacer los recortes necesarios en sus presupuestos y de forzar a las comunidades autónomas, artífices de los mayores despilfarros, a que cumplan de una vez su parte del trato, reduciendo de inmediato partidas de gasto, personal contratado y organismos de todo tipo, porque ni los españoles podemos mantener este Estado autonómico ni los europeos financiarlo.
Está por ver si el Gobierno, como afirma, tomará algún día las decisiones drásticas que ya está retrasando demasiado en el caso de ciertas comunidades, o bien se va a limitar a anunciar indefinidamente esas medidas sobre las que nadie en España, salvo la casta autonómica, emitiría la menor queja.