El Gobierno se juega este mes el todo por el todo. Después del éxito que obtuvo la semana pasada en el Consejo Europeo de Bruselas, donde consiguió que las ayudas europeas para recapitalizar a la banca española no computasen como déficit ni deuda pública, los mercados le concedieron una pequeña tregua, en forma de relajación de las presiones sobre la prima de riesgo. Pero se trata tan solo de un alto el fuego, reforzado por el anuncio de Rajoy de nuevas reformas y de nuevos ajustes presupuestarios. Ahora los mercados están a la espera de los próximos movimientos del Ejecutivo, al que no le van a conceder un periodo de carencia amplio. Julio, por ello, se perfila como un mes fundamental para el futuro de la economía española, en el que el Ejecutivo tendrá que superar una nueva prueba de fuego.
Los mercados, de entrada, esperan que el Gobierno actúe después de conocerse los malos datos de ejecución presupuestaria hasta mayo, que revelan que, de seguir las cosas como hasta ahora, el Ejecutivo no va a cumplir ni de lejos con los objetivos presupuestarios fijados para este año. El Gabinete, por ello, ultima un ajuste que podría llegar a los 30.000 millones de euros y que podría presentar la próxima semana. Si, finalmente, lo lleva a cabo, habrá dado un paso importante hacia el saneamiento de nuestras cuentas públicas que, sin duda, afectará positivamente a la prima de riesgo. Sin embargo, dicho ajuste solo será una parte de la solución a nuestra crisis fiscal.
Los mercados también estarán pendientes de cuál sea el techo de gasto público que se fije para el próximo ejercicio, una cifra que se debe presentar este mismo mes, de acuerdo con lo establecido en la ley de estabilidad presupuestaria. Y ahí es donde probablemente el Gobierno va a empezar a jugársela de verdad porque, como ya no tiene apenas margen para seguir recortando los gastos del Estado, tendrá que buscar la forma de imponer a las autonomías un recorte más profundo de los suyos, no solo para que equilibren sus cuentas lo antes posible sino también para que el Estado pueda disminuir las transferencias que realiza a las mismas y aprovechar esos recursos para reducir también su déficit. En este sentido, creo que el techo de gasto que marcará el Ejecutivo será ambicioso. El problema es convencer a los mercados de que será capaz de imponer a las autonomías ajustes adicionales.
Rajoy ya se ha pronunciado esta semana en ese sentido, al pedir a las comunidades autónomas esfuerzos adicionales para la corrección del déficit. La tarea, sin embargo, no va a ser fácil. Algunas de ellas, incluidas varias gobernadas por el PP, se resisten a aplicar ajustes intensos en sus cuentas públicas. Sin embargo, tanto los mercados como la Unión Europea ya son conscientes de que gran parte de nuestros problemas fiscales están en las autonomías y es en ellas donde tienen que encontrar solución. La cuestión, el gran desafío, es cómo se las va a ingeniar el Gobierno para imponer esos ajustes, porque la realidad institucional del Estado de las autonomías no le deja demasiados instrumentos en su mano para conseguirlo. Por ello, la gran prueba que va a tener que pasar el Ejecutivo es la de convencer a todos de que, efectivamente, es capaz de embridar a las autonomías para que éstas hagan lo que tienen que hacer. La pregunta es cómo podrá conseguirlo sin una verdadera reforma del modelo autonómico.