Los presupuestos autonómicos dedican este año 3.321,52 millones de euros (más de medio billón de pesetas) a sostener 38 entidades que se sufragan a través de transferencias de financiación y subvenciones, aunque es casi imposible precisar el dinero que va a parar al sector público andaluz. De hecho, ni siquiera aparecen en los presupuestos otros organismos en los que la Junta participa, en casi todos los casos de forma mayoritaria, y que se enumeran en el inventario recogido en el Plan Económico-Financiero aprobado el pasado miércoles en el Parlamento andaluz para cumplir el compromiso de déficit del 1,5 por ciento del PIB.
Así, la Cámara de Cuentas se refiere, por ejemplo, a las Fundaciones, uno de estos entes. Ni siquiera hay certeza sobre el número. En el ejercicio 2010, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha considerado que son públicas 31 fundaciones. De éstas, 28 están incluidas en la Cuenta General. Sin embargo, por los antecedentes que obran en poder de la Cámara de Cuentas de Andalucía se estima que son públicas 35 fundaciones, al cumplir éstas algunas de las circunstancias y aspectos que establecen los artículos 55 y 56 la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Cámara reitera la recomendación de ejercicios pasados relativa a que se establezcan las medidas necesarias con el fin de definir cuáles son las fundaciones que constituyen sector público andaluz dependientes de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y empresariales y de sus organismos autónomos, así como cuáles son las circunstancias determinante en cada caso. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluye los presupuestos de sólo dos fundaciones (FASS y FAISEM). Sin embargo, la Cuenta General presenta los estados financieros y memorias correspondientes a 28 fundaciones. La Cámara de Cuentas considera que no existen razones que justifiquen su exclusión y recomienda que todas las fundaciones, que pertenecen a la Junta de Andalucía, deben integrarse en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las transferencias corrientes y de capital, que son las fuentes de financiación que sostienen esta gigantesca estructura, se verán incrementadas en un 4,7 y 22 por ciento este año, respectivamente, después de aplicar el plan de ahorro, precisa ABC. Nada indica que los 111 entes que el Gobierno ha eliminado hayan logrado disminuir el tamaño del "monstruo" público andaluz y su coste.
La propuesta Griñán: reducir la jornada a la mitad
Por otro lado, el Gobierno andaluz, aporta el diario de Prisa, estudia proponer a sus empleados públicos -entre funcionarios y personal laboral y eventual suman 261.399 personas- reducir voluntariamente su jornada laboral entre un 48% y un 50%, lo que llevaría consigo una rebaja salarial del 40%. Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía afirmaron que el presidente autonómico, José Antonio Griñán, ha encargado a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que analice la idea, que se encuentra aún en una fase "embrionaria".
O sea, se trata de repartir el trabajo entre los empleados públicos en lugar de suprimir puestos y organismos. Políticamente, la medida quiere mostrar que frente al plan de ajuste del Gobierno central hay otras fórmulas distintas al despido de empleados públicos: reducir su salario a la mitad.
Recuerda El País que "los empleados públicos andaluces sufrieron el pasado mayo una rebaja del 5% en sus salarios, lo que supone una merma media anual de 3.000 euros por trabajador. Para contener el déficit en el 1,5% del Producto Interior Bruto, Andalucía ha tenido que recortar 2.500 millones de euros de gasto y buscar fórmulas para aumentar los ingresos en 1.000 millones. Los empleados públicos sufrirán el mayor recorte: 777 millones de euros.
La paga extraordinaria del personal al servicio de la Junta en junio y diciembre no incluirá ni complementos ni pluses para lograr un ahorro de 315 millones. El pellizco más notable lo sufrirán los interinos, que verán reducida su jornada laboral un 15%, con el salario rebajado en la misma proporción.
Los beneficios que tienen funcionarios y personal laboral, como planes de pensiones o gratificaciones por jubilación o las llamadas ayudas sociales, también se van a eliminar para ahorrar 136 millones. Además, se reduce de ocho a seis el número de días para asuntos propios y se suprimen los complementos retributivos vinculados a objetivos.