El presidente del Gobierno ha dicho que las comunidades autónomas, aunque están cumpliendo con lo pactado, tienen que hacer un esfuerzo mayor en términos de ajuste presupuestario. Lo que yo creo que debería hacer Rajoy es aprovechar la crisis para hacer un verdadero cambio de modelo, no solo para cerrar el déficit presupuestario y, con él, la crisis fiscal de nuestro país, sino para que no vuelva a suceder nada de lo que nos ha llevado a esta situación.
Ese modelo tiene que pasar, en primer lugar, por una verdadera corresponsabilidad fiscal. Hoy las autonomías se financian, en gran medida, a través de su participación en los impuestos que recauda el Estado. Por tanto, viven fundamentalmente de las transferencias que les realiza éste, sin tener que subir los impuestos cuando quieren gastar más. Basta con que vengan buenos tiempos, como los de la burbuja inmobiliaria, para que los gobiernos regionales disparen sus gastos, porque el Estado siempre les transferirá dinero; y, si luego las cosas van mal, como ahora, ahí está también el Estado para arreglar las cosas. Habría que dotar a las autonomías de impuestos propios, que ellas pudieran manejar en función de sus intereses; que los tuvieran que subir cuando quisieran gastar más o que los pudieran bajar para optar por políticas económicas que dieran más margen a la iniciativa privada. En este sentido, las transferencias estatales deberían limitarse a lo relacionado con la solidaridad interterritorial, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios públicos esenciales con la misma calidad, con independencia del territorio en que vivan, y, por supuesto, siempre controlando que no se interprete calidad de los servicios públicos con que todas las regiones tengan que tener de todo.
Esto lleva al segundo pilar del cambio de modelo, qué competencias deben ejercer las autonomías. En este sentido, el Gobierno central debería dejar bien claro qué corresponde hacer a cada cual y eliminar todas las duplicidades, además de actuar contra cualquier territorio que quisiera exceder su marco competencial. Asimismo, dentro de lo que puedan ser competencias autonómicas, el Estado debe velar por que se cumplan algunos criterios básicos; por ejemplo, no todas las autonomías pueden tener universidades propias, porque no es eficiente ni rentable, ni hospitales dotados de todos los medios habidos y por haber, con independencia de que dichos medios se infrautilicen. Es decir, el Gobierno central debe articular y coordinar planes nacionales de sanidad y educación para evitar dichos problemas o, simplemente, quedarse con las competencias en materia de universidades y hospitales, por seguir con el mismo ejemplo.
Si no se actúa de esta manera, las autonomías seguirán disparando con pólvora del rey. Es decir, seguirán proliferando los asesores, los coches oficiales, las visas oro y los cargos públicos de todo tipo, porque los gobiernos regionales no tienen que pedir directamente el dinero a los ciudadanos para financiar sus excesos y continuarán revistiendo de interés popular aquellas políticas cuyos fines no son más que electoralistas, como lo de que nadie tenga que desplazarse de su región para estudiar y cosas por el estilo. Sin estos cambios, lo único que se conseguirá es un pulso permanente entre el Estado y las autonomías sobre quién tiene que asumir la mayor parte de la carga del ajuste presupuestario, mientras se dejan intactas las bases para que, una vez superada la crisis fiscal, vuelva a repetirse la misma historia de despilfarros.