El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de sentenciar esta semana, con 5 votos a favor y 4 en contra, que la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (la reforma sanitaria de Obama, más conocida por Obamacare) es constitucional. Sin embargo, la sentencia contiene diversas sorpresas, algunas de las cuales podrían resultar muy desfavorables para el presidente de EEUU.
La ley fue promulgada en marzo de 2010 y dos años después, en marzo del corriente, se presentaron ante el Tribunal Supremo, en tres sesiones, los argumentos referentes a la constitucionalidad de algunos aspectos de la legislación. El voto decisivo ha sido el de John G. Roberts, Jr. que, como presidente del Tribunal Supremo, es la máxima autoridad del Poder Judicial de los Estados Unidos.
Roberts asumió el cargo a finales de 2005, tras ser nominado por el entonces presidente George W. Bush. Por este motivo, no han sido pocos los republicanos que han considerado que Roberts les ha traicionado, pasándose al bando demócrata. Los cuatro jueces que han votado en contra, Kennedy, Scalia, Thomas y Alito no se muerden la lengua: "En nuestra opinión, toda esta Ley es enteramente inválida". Sin embargo, la sentencia de Roberts no es la que deseaba Obama, ni la que le conviene para sus planes de expansión del Gobierno federal.
La Cláusula de Comercio y el mandato individual
Lo que tenía que decidir el Supremo era si el Gobierno federal tiene poder para obligar a los ciudadanos norteamericanos a contratar un seguro médico, tal como establece el mandato individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA, por sus siglas en inglés). Para sorpresa de propios y extraños, el Supremo ha considerado que no hay nada en la Constitución que permita al Gobierno obligar a los individuos a contratar un seguro médico.
Para comprender la trascendencia histórica que podría tener esta consideración, hay que tener en cuenta la trayectoria del Supremo. Durante los años treinta, el presidente Franklin D. Roosevelt expandió enormemente el poder del Gobierno federal. En un primer momento, el Supremo ejerció cierta resistencia, pero el presidente acabó imponiéndose. Desde entonces, el Supremo pasó más de medio siglo sin oponerse ni una sola vez al aumento del poder del Gobierno. Lo había hecho por última vez en 1937 y no volvió a hacerlo hasta 1995, en el caso Estados Unidos contra López. El Supremo se basó en la Cláusula de Comercio de la Constitución. Los constitucionalistas lo consideraron la excepción que confirma la regla. Pero en 2000, en el caso Estados Unidos contra Morrison, volvió a considerar que el Legislativo se estaba excediendo, basándose en la misma cláusula.
En este nuevo fallo, Roberts se remite una vez más a la Cláusula de Comercio. "Interpretar que la Cláusula de Comercio permite al Congreso regular a los individuos precisamente porque no hacen nada, abriría un dominio nuevo y potencialmente vasto para la autoridad del Congreso", afirma Roberts. "Respaldar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible basándose en la Cláusula de Comercio daría al Congreso licencia para regular lo que la gente no hace. Los redactores de la Constitución conocían la diferencia entre hacer algo y no hacer nada. Otorgaron al Congreso el poder para regular el comercio, no para compelerlo. Ignorar esa distinción socavaría el principio de que el Gobierno Federal es un gobierno de poderes limitados y enumerados. El mandato individual, de este modo, no se sostiene bajo el poder del Congreso para regular el Comercio" (las cursivas son de Roberts).
La penalización es un impuesto
Roberts ha dado una espectacular vuelta de tuerca para poder admitir la constitucionalidad de la PPACA, fastidiando de paso al presidente.
El mandato individual de la PPACA establece que el Gobierno podrá, mediante la oficina de recaudación del impuesto de la renta (IRS, por sus siglas en inglés), imponer una penalización a los ciudadanos que no contraten un seguro médico. El presidente Obama ha insistido vehementemente en que esto no constituye en modo alguno un impuesto. Sin embargo, el Supremo ha considerado que no se trata de una penalización, que sería inconstitucional, sino que "puede razonablemente considerarse un impuesto", digan lo que digan Obama y los que redactaron y aprobaron la ley. Y que, "la Constitución permite tal impuesto".
Esto ha hecho las delicias de los republicanos que, en plena campaña electoral contra Obama, están encantados de echarle en cara al presidente que está fastidiando la economía con tanta subida de impuestos. Analistas independientes calculan que en los próximos diez años, el Obamacare implicará unas subidas de impuestos de más de 500.000 millones de dólares, repartidos en una veintena de tributos distintos.
Sin embargo, para los detractores de la PPACA, esta vuelta de tuerca de Roberts podría tener implicaciones muchísimo más importantes todavía. Aunque el presidente del Tribunal Supremo se ha afanado mucho en explicar los motivos por los que, como penalización, el mandato individual es inconstitucional, admite en la sentencia que no se ha molestado en discernir qué tipo de impuesto sería.
¿Qué tipo de impuesto establece el Obamacare?
Brilla aquí por su ausencia un detalle importantísimo: "los poderes limitados y enumerados" que la Constitución otorga al Gobierno federal y a los que tanta importancia da la sentencia, limitan y enumeran también los tipos de impuestos que pueden establecerse a nivel federal: directos, especiales o sobre la renta. Pero, según la sentencia, el Supremo "no necesita tratar este punto".
Admite la sentencia que "tal vez no es" un impuesto sobre la renta, ya que no depende de ésta, sino de la inacción del ciudadano. Admite también que ni el propio Gobierno se dignó, en su momento, a esclarecer si era un impuesto especial. El Artículo I de la Constitución establece que los impuestos especiales han de ser uniformes en todo el país, pero la PPACA establece una penalización (impuesto según el Supremo) que varía según la región. El Artículo I también establece que los impuestos directos han de distribuirse entre los estados en función de su población, pero la PPACA no tiene en cuenta para nada la población de los estados.
Roberts parece haberse esforzado mucho en colocar la ley de Obama sobre unos fundamentos sospechosamente frágiles, sin mojarse en absoluto para defenderlos.
Los estados pueden negarse a aplicarlo
La PPACA ya reconocía a cada estado de la Unión la potestad de negarse a aplicar la mitad del aumento del gasto propuesto por el Gobierno federal. Ahora, la sentencia del Supremo reconoce a cada estado, además, el derecho a negarse a aplicar la otra mitad. Puesto que la mayoría de los estados de la Unión se han mostrado contrarios a la ley, la PPACA parece que acabará siendo, como mucho, una opción para algunos de los estados controlados por los demócratas. Eso, si el proyecto puede mantenerse con tan escasa participación.
De momento, el IRS ya ha anunciado la puesta en marcha de la recaudación del impuesto sobre las empresas. Según la propia PPACA, este impuesto solamente puede cobrarse a las empresas que previamente hayan recibido créditos procedentes de la bolsa estatal de seguros. Y los créditos, a su vez, sólo están disponibles en los estados que hayan creado su propia bolsa estatal de seguros. El Gobierno federal puede crear bolsas de seguros en los estados que se nieguen a crearlas, pero no puede ofrecer créditos en esos estados.
En resumen: en la gran cantidad de estados (principalmente republicanos) que no han creado bolsas, el IRS estaría recaudando impuestos indebidamente; un motivo más para que los republicanos echen leña al fuego electoral.
Ésta es sólo la primera sentencia del Supremo
Entre tanto, diversos ciudadanos, organizaciones y hospitales privados han emprendido otros procesos legales contra los llamados "paneles de la muerte" del Obamacare, por sus implicaciones en materia de privacidad y libertad religiosa. Pero las mayores consecuencias de esta sentencia podrían llegar mucho más allá de la reforma sanitaria. En el futuro próximo, el Supremo tendrá que pronunciarse sobre otros aspectos de enorme importancia, como la legislación de la discriminación positiva y la financiación de las campañas electorales.
Los demócratas, artífices de estas leyes, podrían encontrarse con que este fallo del Supremo respaldando la PPACA constituye un muy desfavorable precedente para sus intereses al limitar lo que el Legislativo puede regular, al tiempo que defiende el derecho de los estados de la unión a no implicarse.
Tras conocer el fallo favorable a su ley, el presidente ha comparecido para alabar la labor de Roberts y compañía. En adelante, cuando esos otros asuntos lleguen al Tribunal Supremo, los demócratas no podrán volver a emplear el recurso facilón de acusar a los jueces de ser sectarios antiprogresistas.