El Gobierno está decidido a dar la lucha contra el fraude en las empresas. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Laboral, una nueva norma que nace con el objetivo de "impulsar el afloramiento de la economía sumergida y corregir la obtención en fraude de ley de las prestaciones".
Entre las medidas incluidas en el anteproyecto presentado por la ministra de Empleo, destaca la anulación del tope máximo de la cuantía de las sanciones por fraude laboral y a la seguridad social, que estaba en 187.515 euros, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida. El anteproyecto eleva el rango de las sanciones y tipifica como "infracción muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados por ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les hace ir a trabajar.
Tras la aprobación del anteproyecto, el texto será enviado al Consejo Económico y Social, que emitirá su informe antes de trasladarlo al Congreso, donde iniciará el trámite parlamentario que debería terminar en la aprobacion de la Ley.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llegado a asegurar que "en España tenemos que cambiar de mentalidad; tenemos que cambiar esas conductas, las de no pagar impuestos y contratar a empleados y no darles de alta. Porque quien no paga las cotizaciones perjudica a los pensionistas y al resto de la sociedad que no tiene las mismas prestaciones". En un momento de extrema tensión sobre las cuentas públicas españolas, el Gobierno está convencido de que la lucha contra el fraude permitirá un importante incremento de la recaudación, puesto que España es uno de los países de Europa con una mayor economía sumergida.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno ha llevado a cabo una importante tarea para luchar contra los defraudadores:
- 110.000 inspecciones en materia de empleo irregular, en las que han aflorado más de 40.000 empleos.
- 10.000 inspecciones que han detectado a casi 4.500 trabajadores que compatibilizaban un empleo con el cobro del paro.
- 11.000 operaciones para detectar empresas ficticias han derivado en 800 infracciones y la detección de hasta 14.000 contratos falsos.
Además, ha anunciado que el Ejecutivo llevará a cabo una importante reforma que comenzará con la incorporación de nuevos inspectores y subinspectores. Sáenz de Santamaría ha explicado que está en proyecto lanzar una campaña de seguimiento del empleo aflorado y una campaña de vigilancia de los convenios colectivos y los ERE que se produzcan.
Leyes que se modifican
Estatuto de los Trabajadores: extiende el plazo de uno a tres años para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Este cambio permitirá a la Inspección de Trabajo contar con un plazo superior al actual para realizar las oportunas actuaciones.
Ley General de la Seguridad Social: se establece que la vigente reducción automática de las sanciones (en un 50%) cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas en forma y plazo sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente.
Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: colaboración entre la Inspección y el Consejo General del Notariado mediante el suministro telemático, por este último, de la información contenida en el Índice Único del Notariado. Se trata de facilitar la investigación para detectar empresas ficticias, entre otros fraudes.
Más plazo: asimismo, y con el fin de mejorar los instrumentos que permitirán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cumplir sus funciones en la persecución del empleo irregular, se amplía el plazo para realizar actuaciones de investigación y comprobaciones previas a las actas de infracción por parte de la Inspección de Trabajo en casos especialmente complejos (máximo dieciocho meses)
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social: el Anteproyecto establece como infracción muy grave la utilización de trabajadores que estén afectados por una suspensión de contratos o por una reducción de jornada de trabajo, generando, en consecuencia, de forma indebida, prestaciones por desempleo.
Sin límite: se suprime el actual límite en las sanciones en materia de Seguridad Social establecido en 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de 125.001 euros y sin fijar tope máximo en la cuantía de las sanciones.