Tras la petición formal de rescate bancario al Eurogrupo realizada este lunes por el gobierno, las autoridades europeas han dado a conocer las pautas básicas que regirán la ayuda financiera a España, a la espera de que se acuerden los detalles y condiciones específicas de la operación en los próximos días. Lo sustantivo de este catálogo preliminar es que, como era de prever, la Unión Europea exigirá el cumplimiento de una serie de obligaciones como condición indispensable para recibir el dinero del rescate. El documento aclara además que, tal y como adelantamos en Libertad Digital, los fondos que se consuman para cubrir pérdidas bancarias y los intereses del montante del préstamo serán contabilizados como déficit público, cuestionando seriamente las previsiones elaboradas por el gobierno en su plan de restructuración financiera.
Frente a este panorama, el gobierno se queda sin margen de maniobra para seguir dilatando la adopción de medidas muy serias en la reducción del disparatado sector público español. La necesidad de financiación europea para solventar el problema de la banca exige contrapartidas contundentes en la reducción del gasto público si el gobierno pretende cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea, una línea de acción todavía inédita salvo algunas medidas cosméticas que muy poco pueden contribuir a equilibrar unas cuentas que, a partir de ahora, van a sufrir otro impacto como consecuencia del rescate solicitado por Rajoy.
Por todo ello es necesario ponderar muy positivamente acciones como las anunciadas ayer mismo por la presidenta de la comunidad de Madrid y la alcaldesa de la capital, tendentes a eliminar las duplicidades de gasto existentes en ambas administraciones. Eso es lo que prometió el Partido Popular en su programa electoral, aunque desde que llegó al poder no haya hecho prácticamente nada por cumplirlo.
Como siempre hemos defendido aquí, hay un enorme margen para eliminar partidas de gasto que no es que estén duplicadas, sino que a causa de nuestro disparatado sistema autonómico están multiplicadas por diecisiete. Las competencias troncales como la sanidad, la educación y la justicia han de ser gestionadas de manera común en todo el territorio nacional, no sólo por una mera cuestión de igualdad de todos los españoles que las autonomías pervierten con su ejercicio alocado, sino ahora también porque España no puede cumplir con las exigencias de los organismos internacionales simplemente subiendo la presión fiscal como ha venido haciendo hasta este momento.
La subida del IVA, tantas veces anunciada, no va a ser suficiente, ni de lejos, para salvar el grave deterioro presupuestario al que tendrá que hacer frente el gobierno bajo la atenta mirada de Bruselas. Es preciso reformar drásticamente nuestro modelo de estado porque lo necesario es ahora, además, urgente. El gobierno ya no puede seguir dilatando más en el tiempo la puesta en marcha de la reforma más importante que exige España para poder iniciar el camino de la recuperación. En el Partido Popular hay ya dirigentes que han comenzado a hacerlo, por lo que Rajoy sólo tiene que imitar el modelo y trasladarlo al país en su conjunto. Más fácil imposible.