Quienes seguimos la economía día a día asistimos, llenos de perplejidad, al lamentable espectáculo que está dando el Gobierno. Mientras los mercados muelen a palos a nuestra deuda pública, encareciendo cada vez más la financiación del déficit público y acercándonos progresivamente a ese punto en el cual la carga de la deuda se hará insostenible para nuestro país, nuestro Ejecutivo contempla los acontecimientos paralizado, sin la menor capacidad de reacción. Porque reaccionar no es esperar a que pase la tormenta, como estamos haciendo, o pedir al Banco Central Europeo que intervenga en los mercados, sino tomar las medidas adecuadas para resolver la situación.
La solución, desde luego, no pasa por una unión fiscal y una unión bancaria en la zona euro, como acaba de pedir Rajoy en la reunión del G-20. Ambas pueden ser necesarias para el buen funcionamiento de la Unión Monetaria Europea si consigue superar esta crisis, pero no son la salida para nuestros problemas, que son acuciantes e inmediatos, mientras que la unión monetaria y la unión bancaria son proyectos de larga tramitación porque exigen la modificación de los tratados europeos. La solución tampoco está en tratar de que el rescate de cien mil millones de euros que ha aprobado la Unión Europea para el sistema financiero español sea un dinero que se entregue directamente a los bancos y cajas de ahorros, para que no compute como deuda pública ni los intereses que generen estas ayudas entren a formar parte del déficit presupuestario, porque la crisis fiscal del Reino de España sigue ahí, con o sin rescate. Todo esto no son más que triquiñuelas de cara a la galería para evitar el tener que afrontar el verdadero problema, que no es otro que el deterioro, día a día, de la posición fiscal española.
El Gobierno habló de ajuste presupuestario este año, pero, como la lechera del cuento, confió buena parte de la reducción del déficit público a una amnistía fiscal y a una lucha contra el fraude que no parece estar dando el menor resultado. De hecho, los datos de ejecución presupuestaria hablan de un deterioro constante, no de una corrección del déficit, con lo que la cosa está empeorando. Esta situación exige empezar a actuar rápidamente por el lado del gasto público, con mucha más ambición que la manifestada por un Ministerio de Hacienda que parece estar en Babia, porque, con la que está cayendo, tendría que estar anunciando y ejecutando planes de recorte del gasto público en las autonomías y en los ayuntamientos que permitieran al Estado reducir las transferencias a los mismos y, de esta forma, avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de déficit y hacia una posición fiscal más desahogada y con menos presiones por parte de los mercados. Lo que no podemos hacer es seguir paralizados como hasta ahora por el miedo a un supuesto estallido social, que no me cabe la menor duda de que va a acabar por producirse, pero no por las medidas que pueda tomar el Gobierno, sino porque desde la reforma laboral no ha vuelto a hacer nada para salir de la crisis y los españoles ya se están cansando de sufrir de forma gratuita mientras autonomías y ayuntamientos siguen haciendo de las suyas porque nadie les obliga a hacer otra cosa.