El gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclamaba esta semana, en su último discurso al frente de la entidad, su derecho a hablar en el Parlamento para salvaguardar la "independencia de la institución de las interferencias de las autoridades".
"Yo no puedo decir que el Banco de España, en su tarea de supervisión, no haya podido equivocarse en ocasiones, pero sí puedo asegurar que las decisiones del Banco de España han estado siempre basadas en criterios exclusivamente profesionales", avanzaba.
Pero el Parlamento no ha sido el único lugar en el que Ordóñez ha querido justificar su gestión. El pasado lunes, el ex gobernador del Banco de España, enviaba un informe al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que explicaba siete razones por las que no actuó más rápidamente para evitar la crisis del sector bancario.
- Mafo destaca que es "importante" tener en cuenta que los instrumentos adecuados de resolución no fueron introducidos hasta 2009.
- Asegura que deterioro de la economía ha sido más prolongado de lo previsto inicialmente por todas las instituciones nacionales e internacionales.
- En tercer lugar, destaca que los sucesivos gobiernos españoles durante este periodo decidieron y confirmaron que solo se podían usar "limitados fondos públicos" para rescatar a los bancos, lo que eliminaba la posibilidad de alternativas como la creación de bancos malos.
- Después argumenta que la implementación de una solución privada ha demostrado ser "particularmente difícil y lenta" durante la crisis porque las principales entidades internacionales que podrían haber participado en fusiones y adquisiciones no estaban en condiciones de hacerlo.
- Su quinta justificación es que durante esta crisis sistémica no fue posible utilizar la herramienta tradicional de resolución de liquidar un banco con amortizaciones para los tenedores de deuda.
- En sexto lugar, remarca que a la gobernanza de las cajas de ahorros se sumaron también a la complejidad del proceso de reestructuración y afectaron a su velocidad, debido a la fuerte presencia de intereses políticos y sindicales en sus consejos.
- Por último, apunta que el hecho de que las comunidades autónomas utilizaran su poder para aprobar las fusiones durante el proceso de reestructuración lo ralentizó "significativamente", dada la necesidad de mantener negociaciones "largas, complejas y difíciles" con gobiernos regionales.